Ese es el dato que hoy no puede pasar desapercibido en Concepción del Uruguay.
El gobernador Rogelio Frigerio, la semana pasada, comunicó que se reunió con el presidente del directorio de Granja Tres Arroyos, Joaquín De Grazia, “para analizar la situación que atraviesa la planta de Concepción del Uruguay y seguir acompañando las gestiones en torno a este conflicto”.
Al comunicar el encuentro, el propio gobernador afirmó en primera persona que seguirán “haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar las fuentes de trabajo y contribuir a resolver el problema”.
Pero pocos días después de esa reunión comenzaron a llegar los telegramas de despido a trabajadores de la planta La China.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué pasó entre esa reunión y los telegramas? Porque si el objetivo era resguardar las fuentes de trabajo y contribuir a resolver el problema, el resultado conocido hasta ahora no parece ir en esa dirección.
Y hay algo más. El propio Frigerio señaló que existe un contexto favorable para la industria avícola en el país y, especialmente, en Entre Ríos.
Entonces, si la actividad atraviesa un contexto favorable y el Gobierno provincial sostiene que viene realizando un seguimiento permanente de la situación, resulta razonable esperar que ese acompañamiento se traduzca en acciones concretas para sostener la producción y el empleo.
Granja Tres Arroyos atraviesa una crisis que viene desde hace tiempo y que ya afecta a trabajadores, productores, transportistas y a toda una cadena productiva fundamental para nuestra ciudad.
Por eso, a esta altura, no alcanza con reunirse, sacarse una foto entre Frigerio y De Grazia y hacerla circular por todos los medios como señal de que se está trabajando en la solución. Hace falta que ese diálogo se traduzca en acciones concretas para sostener la producción y preservar los puestos de trabajo.
La Provincia tiene herramientas y responsabilidades. La Nación también. Y ambas deben involucrarse frente a una situación cuyo impacto excede ampliamente a una empresa.
Concepción del Uruguay, los trabajadores y sus familias necesitan respuestas positivas, no solamente una foto entre el gobernador y el dueño de la empresa para que, pocos días después, lleguen los telegramas de despido.
Porque detrás de cada telegrama hay un trabajador, una familia y una ciudad que espera respuestas.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay




