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Un grupo de madres convocó a una protesta para visibilizar los incumplimientos en las retenciones y liquidaciones. Denuncian incertidumbre y exigen que la empresa cumpla con sus responsabilidades legales para no afectar las necesidades básicas de los niños.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – Una protesta llevada adelante por un grupo de madres y familiares en las puertas de la planta de Granja Tres Arroyos visibilizó una preocupante situación económica y judicial que afecta de manera directa al sustento de numerosos niños de la región.
Incertidumbre y falta de respuestas
Durante la movilización, las manifestantes expresaron su profundo malestar ante la falta de respuestas concretas por parte de la firma y cuestionaron con dureza las propuestas informales que han recibido hasta el momento. La problemática radica en las irregularidades y demoras detectadas en el cumplimiento de los depósitos correspondientes a las cuotas alimentarias legalmente constituidas.
“Nos quieren dar un porcentaje pero no saben cuánto”, reflejó con indignación una de las mujeres a través de un audio difundido durante la convocatoria, poniendo de manifiesto la falta de previsibilidad con la que conviven mensualmente.
Derechos vulnerados
Las organizadoras del reclamo remarcaron que no se trata de una disputa menor, sino de un recurso esencial para la subsistencia de los hogares. Explicaron que la situación impacta de lleno en la economía de las madres que dependen exclusivamente de esos ingresos retenidos para cubrir necesidades básicas e impostergables, tales como el pago de alquileres, la compra de alimentos y los gastos cotidianos de crianza.
“Detrás de cada cuota alimentaria hay derechos y necesidades básicas de los chicos que no pueden seguir siendo ignoradas”, manifestaron de forma unánime mediante un documento.
Convocatoria abierta
Desde el grupo convocante hicieron un llamado público a la solidaridad comunitaria y urgieron a otras madres que estén atravesando por problemáticas similares en la zona a unirse para masificar el reclamo y exigir soluciones inmediatas. Asimismo, exigieron formalmente que la empresa cumpla con sus responsabilidades institucionales y respete los plazos y montos dispuestos por la Justicia de Familia para resguardar el bienestar de los menores involucrados.
