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La decisión adoptada por el intendente José Eduardo Lauritto para asistir a los trabajadores de Granja Tres Arroyos y su posterior ratificación por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante constituyen uno de los hechos políticos e institucionales más relevantes de los últimos días en Concepción del Uruguay.
La iniciativa tuvo origen en las solicitudes formalizadas los días 1 y 2 de junio de 2026 por Sergio Daniel Vereda, Secretario General del Sindicato del Personal de la Industria de la Carne de la República Argentina, Seccional Concepción del Uruguay; Julio César Chamorro, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la República Argentina, Seccional Concepción del Uruguay; y Luis Fernando Daglio, Secretario General de la Unión Molinera Argentina, Seccional Concepción del Uruguay. En representación de los trabajadores de la planta La China y de los molinos Súper y Piensos, las organizaciones sindicales solicitaron al Municipio una contribución alimentaria de carácter excepcional destinada a acompañar a las familias afectadas por la falta de pago de salarios y la paralización de las actividades productivas.
Frente a ese planteo, Lauritto impulsó una respuesta concreta desde el Estado municipal. Mediante una resolución del Departamento Ejecutivo dispuso la entrega de módulos alimentarios con frecuencia semanal durante cuatro semanas consecutivas para los trabajadores alcanzados por la medida.
La decisión implica una inversión estimada en 72 millones de pesos de recursos municipales y prevé la distribución de 3.600 módulos alimentarios en total, producto de cuatro entregas semanales destinadas a aproximadamente 900 trabajadores. Por su alcance y volumen, la medida representa una de las intervenciones sociales más importantes adoptadas por el Municipio ante una situación de emergencia laboral.
Desde el punto de vista político, el dato central es que la iniciativa surgió del Departamento Ejecutivo Municipal. Fue Lauritto quien tomó la decisión de avanzar con una asistencia extraordinaria luego de recibir el planteo formal de las organizaciones sindicales y evaluar el impacto social que la crisis de Granja Tres Arroyos genera sobre cientos de familias uruguayenses.
La resolución reconoce que la situación excede el ámbito de una empresa privada y produce efectos directos sobre la economía local, el consumo y el entramado social de la ciudad. Bajo esa premisa, el Municipio decidió intervenir dentro de las facultades que le otorgan sus competencias en materia de asistencia social y desarrollo comunitario.
También merece destacarse el respaldo institucional obtenido por la medida. Tal como lo establecía la propia resolución, la iniciativa fue remitida al Honorable Concejo Deliberante para su ratificación. Allí recibió el acompañamiento de la totalidad de los bloques políticos, siendo aprobada por unanimidad.
La secuencia institucional resulta clara: los gremios de la carne, de la alimentación y de los trabajadores molineros realizaron un pedido formal ante la situación que atraviesan los trabajadores; el intendente Lauritto impulsó una respuesta excepcional financiada con recursos municipales; y el Concejo Deliberante acompañó esa decisión de manera unánime.
Mientras continúan las gestiones, las instancias de diálogo y las negociaciones destinadas a encontrar una salida para la empresa y sus trabajadores, la resolución aprobada deja un hecho político concreto: frente a una situación de emergencia planteada por las organizaciones sindicales, el Municipio decidió actuar, comprometiendo recursos propios y obteniendo para ello el respaldo unánime de toda la representación política de la ciudad.
Sin embargo, el objetivo de fondo sigue siendo otro. La asistencia alimentaria constituye una respuesta transitoria ante una coyuntura excepcional, pero la expectativa de toda la comunidad continúa puesta en la recuperación de la actividad productiva, la normalización de las obligaciones salariales y la preservación de las fuentes de trabajo.
Concepción del Uruguay tiene una profunda historia vinculada al trabajo, la producción y el esfuerzo de sus trabajadores. La esperanza es que el diálogo, la responsabilidad de las partes involucradas y el compromiso de los distintos actores permitan alcanzar una solución que devuelva certidumbre a cientos de familias y contribuya a restablecer una actividad que forma parte del desarrollo económico y social de la ciudad.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay
