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La operación se enmarca en una investigación exhaustiva sobre una presunta red dedicada a la defraudación millonaria al Estado, enfocada en la tramitación de pensiones ilegales no contributivas por invalidez. Según las fuentes, se descubrió una asociación ilícita que ofrecía obtener pensiones no contributivas del Estado Nacional mediante la simulación de enfermedades, cobrando sumas significativas que alcanzaban los $60,000 por cliente. Este esquema generaba ganancias considerables para los implicados y ocasionaba pérdidas incalculables en los fondos estatales.
El operativo incluyó allanamientos a numerosas personas, incluyendo profesionales médicos, como resultado de una investigación que se extendió por más de un año y fue coordinada por el Juzgado Federal de Concordia junto a la Gendarmería Nacional Argentina. La pesquisa, que abarcó seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas y análisis de informes, desmanteló una compleja red de estafadores que tramitaban pensiones por invalidez y falsificaban información de los beneficiarios.
Se constató la posible participación de cuatro médicos destacados de Concordia. Las medidas de allanamiento resultaron en el secuestro de documentación relacionada con las pensiones, anotaciones de interés, sellos médicos, dispositivos electrónicos, armas de fuego, marihuana y cocaína, siendo estos últimos elementos derivados a la justicia provincial.
La Jueza Federal de Concordia emitió órdenes de prohibición de salida del país para siete personas y más de 20 registros domiciliarios simultáneos, abarcando viviendas, oficinas y consultorios, así como allanamientos en las oficinas de ANSES y PROMAR. Las detenciones iniciales involucran a cuatro personas, quienes serán interrogadas en los próximos días en relación con una asociación delictiva compleja que perjudica las arcas de la administración pública nacional. La magnitud de la defraudación al Estado se estima como millonaria, y su alcance completo se determinará a medida que avance la causa y se analice la nueva información obtenida durante los allanamientos. Fuente El Heraldo
