El Plenario del organismo acordó solicitar a la obra social que dé cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos para mejorar la cobertura de las prestaciones a sus afiliados.
Algunas de las situaciones relevadas por el Órgano son los magros montos de los reintegros por prestaciones de Psicología y las demoras excesivas en su efectivización, incluso en el caso de personas titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD), así como las deudas con instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad, que comprometen la continuidad de su funcionamiento.
En la nota se hace referencia a la gravedad de la situación actual —como reconoce la declaración de la urgencia sanitaria en la materia— y la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar el acceso a las prestaciones y así evitar una mayor vulneración de los derechos de las personas usuarias, especialmente de aquellas que requieren apoyos y tratamientos sostenidos.
En ese sentido, la presentación efectuada solicita detalles del grado de avance en el cumplimiento del compromiso asumidos, entre los cuales estuvieron el incremento de los montos de reintegro correspondientes a las prestaciones de Psiquiatría, Psicología y Acompañamiento Terapéutico y el reemplazo progresivo del sistema de reintegros por convenios directos con prestadores. Respecto a esto último, se pidió conocer la cantidad de nuevos convenios suscriptos desde marzo a la fecha y, en caso de mantenerse la modalidad de reintegros, los plazos promedio de tramitación y efectivización de los pagos, así como las medidas para reducir las demoras existentes.
Asimismo, se pidió informes sobre el proyecto de implementación de servicios de atención en salud mental en las distintas sedes de la obra social, mediante consultorios y profesionales propios, sin cobro de coseguro a las personas afiliadas, e incorporación en dichas sedes otras prestaciones de salud, entre ellas Odontología, Clínica Médica y Pediatría.
Finalmente, se pidió indicar el estado de elaboración e implementación de un sistema de arancelamiento de las prestaciones ambulatorias de salud mental brindadas a personas afiliadas en los efectores públicos provinciales, incluyendo las medidas adoptadas para su puesta en funcionamiento.




