En una audiencia realizada este miércoles por la mañana en la sala de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concepción del Uruguay, presidida por la jueza de turno Dra. Alejandrina Herrero, se trató la situación procesal de la mujer acusada de cometer un brutal homicidio el pasado viernes por la noche en un templo evangelista en construcción del barrio Los Cachetudos.
La imputada es Norma Segovia, de 54 años, quien mató a Mariana Almeida, de unos 57 años, tras golpearla con diferentes elementos y causarle la muerte mediante estrangulamiento.
De la audiencia participaron la fiscal interviniente, Dra. María José Labalta; el abogado representante de la familia de la víctima, Aníbal Martínez; la acusada; y su defensor oficial, Dr. Sebastián Arrechea. También estuvieron presentes familiares de la víctima y el hijo de la imputada, Matías Villarrubia.

Durante la exposición, la Dra. Labalta brindó detalles de lo recolectado hasta el momento mediante elementos probatorios y testimonios, incluyendo los dichos de la propia Segovia, quien tras el hecho confesó a los efectivos policiales y a la fiscal que ella la había matado. En ese momento, la representante del Ministerio Público Fiscal le aconsejó guardar silencio y convocó de inmediato al defensor oficial para garantizar su legítima defensa.
Asimismo, se conocieron detalles de las entrevistas mantenidas por profesionales de salud mental con la detenida, quienes señalaron que se encontraba ubicada en tiempo y forma y que nada hacía presumir que no comprendiera la criminalidad de sus actos, más allá de estar medicada por cuadros depresivos y haber recibido tratamiento en el Hospital Urquiza, según refirió su hijo durante la audiencia.
La posición de la parte representante del Ministerio público fiscal fue totalmente apoyada por el abogado querellante quien adhirió a los pedidos de la fiscal interviniente Y consideró sumamente peligroso La lib De la persona o una medida menos gravosa.
Prisión preventiva y rechazo al arresto domiciliario
Ante los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y mientras se aguardan los resultados periciales y diagnósticos definitivos de los especialistas en salud mental para determinar su imputabilidad, la fiscal Labalta solicitó 70 días de prisión preventiva.
Por su parte, el Dr. Arrechea solicitó la prisión domiciliaria, ofreciendo el cuidado de familiares y presentando a su hijo mayor, Matías Villarrubia, como garante —quien además aprovechó la ocasión para pedir perdón a la familia de la víctima—.
Pese al planteo de la defensa, la jueza Herrero hizo lugar al pedido de la fiscalía al considerar que la imputada puede representar un peligro para sí misma y para terceros hasta tanto se completen las evaluaciones médicas correspondientes. De este modo, se dispuso que permanezca alojada los primeros 30 días en la Comisaría del Menor y la Mujer, para luego ser trasladada a la unidad penal que disponga el Servicio Penitenciario de la Provincia.




