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A través de la Ley 27.801, se reemplaza el marco normativo vigente desde 1980. La reforma fija penas de hasta 15 años de prisión y establece un esquema sancionatorio con medidas alternativas, educativas y de monitoreo para adolescentes.
Finalizado este viernes, a partir de las primeras horas de este fin de semana entra en plena vigencia en todo el territorio nacional el Nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), norma que deroga la antigua legislación del año 1980 y fija la baja de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.
Con esta reforma, todo adolescente de entre 14 y 17 años que cometa un delito tipificado en el Código Penal pasa a ser sujeto de proceso judicial, quedando expuesto a imputaciones, juicios y sanciones penales específicas bajo la órbita de fueros especializados.
Principales aspectos de la nueva ley
La normativa aprobada por el Congreso de la Nación contempla un conjunto de herramientas procesales y sancionatorias diseñadas para el fuero de menores:
Límite de penas y prohibiciones: Se fija un tope máximo de 15 años de privación de la libertad. Quedan expresamente prohibidas la reclusión perpetua y la prisión perpetua.
Condiciones de alojamiento: La privación de libertad deberá cumplirse en institutos especializados para menores o bajo la modalidad de arresto domiciliario. Se prohíbe de forma estricta el alojamiento de adolescentes en dependencias o pabellones para adultos.
Sanciones alternativas: Para delitos con penas menores a 10 años que no hayan implicado violencia física extrema o la muerte de la víctima, los jueces podrán aplicar medidas de reparación del daño, amonestaciones, trabajos comunitarios, restricciones de circulación y monitoreo electrónico.
Responsabilidad civil de los padres: La ley establece la responsabilidad civil de los progenitores o tutores legales por los daños derivados de los ilícitos cometidos por los imputados menores de edad.
Garantías de reserva y derechos de la víctima: Se mantiene la prohibición absoluta de publicar nombres, imágenes o datos filiatorios que permitan identificar al menor procesado. Asimismo, se amplía la participación de las víctimas en las distintas instancias del proceso penal.
