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Por Pablo M. Mugherli, fundador de la Asamblea Ciudadana contra los Abusos de ENERSA
Los números fríos de los organismos oficiales suelen tener una virtud: tarde o temprano, desnudan la realidad y le quitan la careta al relato de turno. La reciente difusión de los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no es obra de la casualidad ni de la transparencia espontánea del Estado; se logró gracias a los minuciosos pedidos de acceso a la información pública realizados por el semanario ANALISIS. Esta investigación periodística le pone sello y firma a lo que las familias, comerciantes y productores entrerrianos sufrimos cada vez que nos llega la factura de luz: el sistema eléctrico de nuestra provincia está colapsado, es escandalosamente caro y nos deja en un absoluto estado de indefensión.
Para quienes formamos parte de la Asamblea Ciudadana contra los Abusos de ENERSA, este escenario no es una sorpresa, sino la confirmación de una sospecha de largo aliento. Sin embargo, nos obliga a hacer memoria, un ejercicio que a la dirigencia política le suele incomodar. Nuestra lucha no empezó ayer. Esta Asamblea nació, se plantó en las calles, organizó ruidazos y juntó firmas bajo las administraciones de Alberto Fernández en la Nación y Gustavo Bordet en la Provincia. En aquel entonces, denunciábamos la contradicción flagrante de que los entrerrianos pagáramos una de las tarifas más caras del país mientras generábamos energía barata en las entrañas de Salto Grande. Denunciábamos el saqueo silencioso y la complicidad de los entes de control.
Fue en ese contexto de ebullición social donde empezamos a ver las piruetas de la política partidaria. Cómo olvidar cuando el entonces candidato Rogelio Frigerio se mostraba en sugestivas reuniones con el exsenador —hoy procesado— Edgardo Kueider, prometiendo que cruzarían proyectos y unirían fuerzas para «mejorar la situación de los entrerrianos» y bajar el costo de la luz. Nos querían vender que la solución vendría de la mano de un pacto político entre bambalinas, utilizando la desesperación de la gente como bandera de campaña. Hoy, el tiempo demostró lo que siempre supimos: aquellos encuentros no fueron más que una puesta en escena, promesas de cotillón que se diluyeron apenas se apagaron las cámaras y se acomodaron los cargos.
Hoy, con un mapa político completamente renovado tanto en Balcarce 50 como en la Casa de Gobierno de Paraná, la situación no solo no mejoró tras aquellos pactos: es igual o peor. Pasamos del ahogo gradual al shock más salvaje. Las cuatro empresas de transporte con incidencia federal en Entre Ríos (TRANSENER, TRANSNEA, LITSA y LIMSA) aplicaron aumentos brutales de entre el 501% y el 671% desde diciembre de 2023. El valor agregado de transporte se multiplicó entre cinco y siete veces. Todo ese festival de porcentajes va directo a la factura final de un usuario entrerriano que ya no sabe qué recortar para no quedar a oscuras.
Pero el escándalo es doble cuando miramos hacia adentro. Es necesario desmontar una gran mentira: nos quieren hacer creer que ENERSA es una corporación ajena, pero aunque funcione bajo la forma de una empresa privada, los dueños reales son el Estado de la Provincia de Entre Ríos. Lo que realmente ocurre es que se utiliza esa máscara jurídica para esconder los abultados sueldos de su directorio, un selecto club donde se encuentran atrincherados e intercalados ministros y funcionarios del propio gobierno de Frigerio.
¿Y quién se supone que debe controlar este festival? El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Pero el organismo contralor es otra farsa: sus miembros son designados a dedo por el Gobernador de turno y no hacen más que cumplir órdenes políticas. Nada cambió. El EPRE sigue siendo político, ENERSA sigue siendo política, todos sus jerárquicos ganan más que bien y los contribuyentes seguimos pagando las consecuencias.
Mientras tanto, la red de transporte de TRANSNEA falla persistentemente entre 10 y 20 veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional, quemando electrodomésticos y arruinando la producción del norte y centro entrerriano. Las multas acumuladas superan los 8.800 millones de pesos, pero a las empresas no les importa y el ente regulador ni siquiera informa si las pagan.
A lo largo de estos años de resistencia civil, logramos arrancar algunas reformas institucionales y parches normativos a nivel provincial. Fueron conquistas valiosas, diques de contención que generamos para evitar que los abusos se replicaran de manera infinita e impune. Esas herramientas las defendemos y las seguiremos usando, porque son trincheras que el ciudadano común conquistó poniendo el cuerpo en la calle.
Sin embargo, esos avances parciales no nos desvían de nuestra idea original: la energía es un derecho humano y un insumo estratégico para la vida, no una mercancía para la timba financiera ni una caja política. Es inadmisible que siendo los mayores productores de energía eléctrica del país, sigamos de rodillas ante el centralismo porteño, pagando tarifas de primer mundo para subsidiar al puerto mientras nosotros nos quedamos con las migajas y los cables quemados.
Asistimos hoy a una nueva mutación institucional con la fusión del ENRE y el ENARGAS en un macro-ente nacional. Cambiarán los nombres de los funcionarios, cambiarán los sellos de goma del Estado, pero la herencia operativa, el tarifazo consolidado y el colonialismo energético quedan intactos.
Al bolsillo de los entrerrianos no le importan sus internas partidarias, sus herencias recibidas ni las falsas promesas de los pactos electorales. No hay épica posible en un aumento del 600% cuando la provincia entera produce la energía que el país consume. Cambiaron los colores de la gestión, pero el abuso sigue idéntico. Por eso, la Asamblea Ciudadana no da un paso atrás. La lucha sigue, en la calle, con los datos sobre la mesa y con la memoria intacta.
