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El jueves pasado el Honorable Concejo Deliberante de San José trató un proyecto de resolución presentado por la Filial San José de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, el cual pretendía expresar institucionalmente el apoyo del cuerpo legislativo sanjosesino a los docentes entrerrianos, actualmente en conflicto con el gobierno provincial.
En concreto, el texto de la resolución manifestaba el rechazo al proyecto de Ley a través del cual el gobierno nacional propone declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial”. Lejos de expresar una preocupación genuina por la educación de nuestros niños y jóvenes, esta declaración solo pretende restringir el derecho a huelga del colectivo docente, reconocido constitucionalmente. Por otro lado, al clasificar a la educación como un servicio, lo que se logra es quitarle el carácter de bien público; de derecho individual y social al cual el Estado debe garantizar su acceso, haciendo factible su sometimiento a la lógica de mercado. Las manifestaciones formales o simbólicas nunca son inocentes.
A su vez, el proyecto expresaba el apoyo al colectivo docente en sus reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el adicional por Conectividad, y una mejora salarial que compense el poder adquisitivo perdido a causa del proceso inflacionario, sobretodo en los picos de diciembre, enero y febrero.
No pudo ser. Para ser aprobado, el proyecto de resolución requería dos tercios de los votos del Concejo. Los siete Concejales del bloque Más por Entre Ríos apoyaron la iniciativa, pero hacía falta también el voto de alguno de los cuatro ediles opositores para que la resolución saliera. Los concejales del bloque denominado “Vecinalista” pero alineado plenamente a Juntos por Entre Ríos (Gabriel Truffa, Evangelina Muller, Gastón Pirez y Rocío Medina) rechazaron conjuntamente la iniciativa. Cabe señalar en este punto que tres de los cuatro concejales opositores son docentes.
El conflicto docente en Entre Ríos fue escalando en intensidad en los últimos meses. La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional significó un recorte brutal en el bolsillo de los trabajadores de la educación (en muchos casos representó una reducción de haberes de más de 100 mil pesos, a valores de febrero). A su vez, los efímeros aumentos ofrecidos por la administración Frigerio lejos estuvieron de compensar lo perdido por la inflación, y la adopción de mecanismos sustitutos del FONID por parte de otras provincias relegaron muchísimo el poder adquisitivo de los docentes entrerrianos. El gobernador que prometía transformar la educación terminó pagándole salarios de indigencia a los maestros.
Frente a esta realidad, a la que se sumaron recortes en las partidas de mantenimiento edilicio y comedores escolares -costo que terminaron asumiendo varias intendencias- era esperable algún tipo de reacción. Y hace un par de semanas ocurrió algo inédito: Ante el llamado a conciliación obligatoria, fueron las propias familias las que decidieron, en señal de apoyo a sus docentes, no enviar a sus hijos a la escuela. Los padres ya “la vieron”. Los concejales vecinalistas no.
