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La Justicia de Concepción del Uruguay, a solicitud de la fiscal Gabriela Seró, dispuso hoy la prisión preventiva de las dos mujeres mendocinas oriundas de San Rafael, que fueron detenidas días pasados por estar vinculadas al millonario robo de dinero a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, ocurrido en abril del 2023. La medida se resolvió en audiencia realizada en la OGA, presidida por la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero, con la presencia de las imputadas y su defensora, la doctora Romina Pino.
La Fiscalía, con el meticuloso trabajo de personal policial de Ciberdelitos de la Policía de Entre Ríos, viene llevando un meticuloso trabajo investigativo y seguimiento de diferentes movimientos bancarios a cuentas creadas oportunamente para desviar los fondos robados al municipio, construyendo una “pirámide” de responsabilidades, intentando llegar al “cerebro” o cúspide de la misma.
La causa tiene imputados en libertad por estar como “coautores del delito de estafa informática”; siendo estos Gabriela Salomón (BsAs), Nicolas Romero (BsAs), Ángel López (Misiones) y Armando Luís Carrizo (BsAs), todos representados por el doctor Sebastián Arrechea y la doctora Romina Pino (Def. Oficiales); Mariano Romero y Sergio Soruco, representados por el Estudio Jurídico José Ostolaza; Sofía Peirat y Pedro San Esteban, ambos representados por los doctores Miguel Cullen, reconocido penalistas y Anderson Lozano, especialista en Delitos Informáticos, a los que se sumó Gonzalo Ivan Ybalo, detenido por personal de la Prefectura Naval Argentina en abril del corriente, quienes serían en su mayoría la base de esta pirámide, pero ya se está trabajando en los intervinientes como reclutadores, segundo piso de esta “pirámide” delictiva, en la cual están involucradas las mendocinas, Teresa del Carmen García de 62 años y Lina Alejandra Napoleone de 55 años, quienes de manera coordinada simularon estar a cargo de un plan de inversión, convocando a sus domicilios a personas a las que les ofrecían la apertura de cuentas para transferir dinero con algún redito, las que luego de operar eran vaciadas y cerradas.
Estos movimientos los realizaban con los celulares de las personas captadas o reclutadas, pagándoles 100 mil pesos por cada millón transferido, maniobra que sale a la luz con las declaraciones de algunos imputados “reclutados” y que dejan expuestas a estas dos mujeres, quienes (según las delatan) se contactaban con otra persona que les iba guiando en los pasos y les indicaba cuando poner las huellas de sus captados y en constantes videollamadas con otras personas de la organización criminal.
Tanto Napoleone, como García, habrían declarado en sede judicial, intentando convencer a la Fiscalía que ellas fueron también engañadas y que pensaban que eran negocios con criptomonedas. También aportaron importantes datos pudiéndose cotejar movimientos de dinero entre ambas y una de las imputadas, así como una sobrina de García que era la que convocaba a las personas.
Para la Fiscalía, la declaración de ambas fueron sin sustento y señaló que ambas borraron toda las información de sus teléfonos celulares ante noticias que le llegaban sobre la detención de la sobrina de Napoleone por otra estafa hace dos meses. También dieron datos del contacto de una persona de la cual no brindaron elementos para poder localizarla, destacando que se contactaban para recibir el “trabajo” sin preguntar el origen de los fondos, operando con un banco de Mexico, que nunca aportó información ante la solicitud de la Justicia.
La intención de la fiscal es continuar con los pasos que lleven a ese individuo que comandaba la operatoria, para lo cual intentarán realizar un retrato hablado con persona especializado de la Policía de Entre Ríos en Paraná
Ambas mujeres están imputadas del delito de “Estafa informática agravada por resultar en perjuicio de la Administración Pública”, en calidad de coautoras, considerando la doctora Seró, que hay riesgos procesales como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento, por lo que solicitó la prisión preventiva por 45 días.
A su turno la Defensa intentó que sus clientes sean liberadas con reglas de conducta y hasta poniendo un auto como garantía, asegurando que las mismas no sabían que estaban inmersas en una actividad ilegal y que en ningún momento se enriquecieron, sino que solo lograban vivir con las pocas ganancias, sumándose que ellas no tienen antecedentes, más allá de que la Fiscalía sostuviera que están siendo investigadas por otros casos.
La jueza de Garantías, luego de los alegatos, consideró que se daban las condiciones para aplicar la medida y así garantizar que la Fiscalía logre avanzar en la investigación, por lo que dispuso que ambas mujeres queden alojadas en la Comisaría del Menor los primeros 30 días y luego se disponga traslado a una unidad carcelaria.
