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En el marco de la reunión de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que se desarrolló este miércoles por la mañana, el bloque «Más Para Entre Ríos» sostuvo la necesidad de avanzar en la legislación que regule la carrera de los empleados públicas de la provincia de Entre Ríos.
La reunión de las comisiones tuvo por objeto seguir avanzando en el tratamiento del proyecto de Ley de Transición de Gobierno Provincial, enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo Provincial. Durante la reunión se escuchó la postura de dirigentes de los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) ya que el proyecto establece regulaciones que alcanzan al personal de la administración pública provincial.
Los diputados justicialistas reiteraron su voluntad de aportar a la elaboración de normas que promuevan la transparencia de los actos de gobierno, en un contexto en el que se preserven los derechos de los trabajadores estatales. Justamente por esa razón el justicialismo propuso la presencia de los representantes gremiales, lo que fue receptado positivamente por todos los legisladores.
Ante la iniciativa que propone reglamentar aspectos relacionados con los trabajadores públicos durante el último año de gestión, el diputado Juan José Bahillo remarcó la importancia de avanzar en la legislación de la carrera del empleado público en vez de establecer limitaciones solo para un año. “Debemos trabajar en una norma que contemple la igualdad de oportunidades en el ingreso al Estado, la promoción de la carrera dentro de la función pública y la capacitación de los trabajadores. Una norma que también garantice la recategorización por antigüedad por permanencia y/o capacitación”, indicó el legislador.
Bahillo expresó que el bloque justicialista pretende de este modo “que el trabajador estatal tenga previsibilidad y no padezca incertidumbres cuatro años. Y por supuesto que también se elimine la posibilidad de que se cometan arbitrariedades. Una norma que transparente el empleo público y preserve la confianza con la sociedad, visibilizando y valorando el trabajo de la administración pública”.
