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Un cierre tardío, improvisado y sin recursos en función de la agenda del FMI
Nuestro país está primero en el listado con más muertes diarias por millón de habitantes. El crecimiento de contagios llegó a cifras récord. Esta realidad confirma el fracaso de las medidas que el gobierno venía tomando. Sabiendo que se venía la “segunda ola”, el gobierno Nacional y todos los gobernadores no tomaron ninguna política para evitar las vías de contagio (que todos reconocen tienen como principal factor la circulación). La vacunación se produce a cuentagotas y el sistema de salud pública, vaciado
durante décadas, no está preparado para atender las consecuencias de lo dicho anteriormente.
Alberto Fernández anunció el jueves, una restricción a la circulación que es una suma de improvisaciones. Si estamos viviendo el peor momento de la pandemia es porque se privilegió cuidar los negocios de las patronales y amigos y no la salud de la población. Por otra parte, no podemos aceptar desde ningún punto de vista que el Gobierno responsabilice a la población por el aumento de contagios.
“De casa al trabajo y del trabajo a casa”… mientras nos contagiamos o no comemos
Las restricciones anunciadas no están garantizadas, primero porque no hay recursos para que los trabajadores puedan cumplirlas. Con más del 40% de trabajadores informales y en negro, con más del 42% de pobreza y sin una ayuda del Estado ¿cómo es que pretende el Gobierno que las y los trabajadores se queden en sus casas? Los anuncios de ayuda económica son un refrito de viejos anuncios, y los montos anunciados son mucho menores que los de 2020. Ni siquiera hubo mención sobre el otorgamiento de un nuevo IFE.
Por otro lado la inflación está carcomiendo los ingresos familiares, el gobierno redujo el listado de precios máximos y los precios cuidados suben más que la inflación. El empobrecimiento es generalizado, especialmente en la juventud, golpeada por la desocupación y la precarización. A su vez, las empresas que no lograron entrar en la larga lista de esenciales (las cuales la inmensa mayoría no lo son) no están dispuestas a cumplir con los 9 días de cierre de la actividad.
El nuevo DNU limita las restricciones a 9 días (solo 3 días hábiles) y claramente no aparece como útil al objetivo declarado. Todas las evidencias científicas establecen un período no inferior a 15 días. ¿Y entonces? Lo que sí queda claro, es que la orientación del gobierno es que la restricción se limite a los momentos no laborables de los trabajadores: feriados y fines de semana. O sea que el mensaje es: “andá a laburar (si tenés trabajo), pero luego volvé y encerrate”.
Colapso sanitario
En los hospitales falta personal y sobre todo especialistas. Hay un colapso del sistema sanitario, pero ningún anuncio para reforzarlo, ni se centraliza el sistema de salud. Al contrario, se redujeron los fondos para salud tanto para la ampliación de camas y respiradores como para la situación del personal de salud que es escaso, mal pago y hostigado. Solo le dieron un bono por tres meses, mientras son girados
millones al pago de la deuda con el FMI, los bonistas y el Club de París. Es decir que para los especuladores sí hay plata, y para los trabajadores no.
Con respecto a las vacunas, pareciera que el presidente no sabe cuántos millones somos en el país y la proporción de personas vacunadas. Habló de supuestas millones de dosis por venir, pero deja que el grupo Sigman siga fugando las 60 millones de dosis, que su laboratorio ya produjo en el país, cuando Argentina ya pagó por 22 millones de dosis y apenas van a llegar 4 millones, mientras tuvimos casi 40 mil contagios en un día y más de 700 muertes.
En Entre Ríos van monedas para la salud y los trabajadores y millones para los “buitres”
El gobierno de Bordet es un fiel reflejo del ajuste que se lleva a cabo en todas las provincias gobierne quien gobierne al servicio de los capitalistas. En febrero dejó muy clara su política de prioridad del pago de la deuda provincial al arrojarse a las fauces de los bonistas internacionales, quienes habían demandado a Entre Ríos, con los cuales rápidamente acordó un repago por 500 millones de dólares. A los que no les
responde satisfactoriamente, es a los trabajadores estatales, docentes, jubilados, municipales y trabajadores de salud a los que sume en la miseria salarial y la precarización laboral y los despoja de la mínima cobertura médica en plena segunda ola con la obra social provincial (IOSPER), probablemente otra vez cortada para atenciones médicas desde el 1 de junio.
La mayoría de los hospitales cuentan con la misma cantidad de camas de terapia intensiva de las que había antes de la pandemia y que ante este colapso hoy son solo 50 las camas disponibles de terapia intensiva en todo Entre Ríos -a la fecha de este comunicado-, de las cuales solo 20 corresponden al sector público teniendo que elegir (como en el caso del hospital de Federación) a quien intubar y a quién no.
Se ha vacunado con ambas dosis apenas al 5% de la población entrerriana, mientras que los docentes fueron obligados a trabajar presencialmente sin inversión alguna en las escuelas, la gran mayoría de esos trabajadores no recibió ni una sola dosis, en tanto vemos como 80 mil vacunas están “estoqueadas” y retenidas en Paraná (según el mismo Monitor del Ministerio de Salud de la provincia) esperando a ser distribuidas, cuestión que ningún funcionario gubernamental explica el por qué.
Toda la improvisación que los gobiernos manifiestan en el manejo de la pandemia es el resultado de que están atados a un par de premisas inmodificables: no afectar los ritmos de producción y trabajo tal como requieren los capitalistas, por un lado, y por el otro retacear fondos y recursos para atender la pandemia, mientras cumplen rigurosamente con los especuladores y buitres, como exigen el FMI y los gobiernos a los cuales AF visitó en su gira europea para venirse con nuevos y más costosos compromisos. Y en esto no hay grieta.
Urge tomar medidas reales para resguardar la salud de la población trabajadora
Se deben cerrar las actividades no esenciales por al menos dos semanas y luego reevaluar de qué manera continuar de acuerdo al impacto sobre la curva de contagios; centralizar el sistema de salud público, privado y de las obras sociales y el aumento de presupuesto; reampliación de las camas de terapia intensiva y respiradores. A esto debe adherirse una campaña masiva de vacunación bajo control de los trabajadores de la salud y garantizada, en primer lugar, mediante la confiscación de las dosis del laboratorio del Grupo Sigman. Un seguro al parado de $40 mil. El salario mínimo debe ser de $60.000.
Prohibición de despidos y suspensiones. Salarios igual a la canasta familiar sin tope a las paritarias y que se garanticen los salarios para todos aquellos trabajadores no esenciales; con la implementación de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo que permanezcan abiertos. El dinero para llevar adelante este programa tiene que provenir del cese del pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas, como el presentado por el FIT-U.
