Se desarrolló en Paraná la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Jorge Julián Christe (31), acusado del crimen de María Julieta Riera. La jueza interviniente, escuchó atentamente las partes en sus respectivos alegatos y tras analizar los mismos consideró más que razonable la medida, por lo que dispuso no hacer lugar al recurso de apelación y sostener la prisión preventiva, tal cual se dispuso en su oportunidad.
Por esta razón, el imputado deberá continuar detenido y alojado en la Unidad Penal Nº 1, mientras continúe el desarrollo de la IPP.
El hecho
Según la acusación, «Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón del departamento 5, del octavo piso, del edificio de calle San Martín 918 de esta ciudad, desde 19,38 metros de altura, produciéndose la muerte de María Julieta producto de las graves lesiones sufridas al impactar su cuerpo sobre el techo de una habitación ubicada en la planta baja de la edificación lindante» (EL ONCE).
La Defensa, ejercida por los doctores Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzin Olleros, en su alegato intentó demostrar que no existen riesgos de fuga o entorpecimiento, asegurando que su cliente se declaró inocente y que todo se trató de un accidente.
El representante legal Christe, remarcó que no hubo intenciones de fuga o entorpecimiento desde el mismo momento del trágico hecho, ya que su cliente se presentó voluntariamente en la Policía y fue acompañado hasta el lugar del hecho, pese a que si lo hubiera querido, podría haber alterado el escenario del suceso o se hubiera dado a la fuga.
Por otra parte, la Defensa intentó demostrar que los celulares secuestrados que estaban dañados, no fueron rotos por Christe como intenta demostrar la Fiscalía, ya estaban dañados desde antes del hecho, ya que la joven María Julieta Riera, los había llevado a presupuestar antes de su muerte.
Los defensores negaron los dichos de la parte acusadora, de que su representado no tenga arraigo, destacando que tiene familia directa, como su madre, pero más allá de esto, sería materialmente imposible su fuga con tantos controles existentes en la actualidad.
Ante todos estos elementos, solicitaron la revocación de la prisión preventiva y que se le conceda en arresto domiciliario bajo custodia de la madre del acusado, o la rebaja de días dispuestos en el fallo anterior, ya que consideran que se está finalizando la IPP.
La Fiscalía
A su turno, el fiscal, doctor Ignacio Aramberry, se opuso a la solicitud de los defensores, remarcando que la Defensa fragmenta los elementos obrantes en la IPP y los manipula para favorecer al imputado.
El representante del Ministerio Público Fiscal, analizó los dichos de los representantes legales de Christe, remarcando que no se puede dejar de considerar la pena en expectativa, una pena de prisión perpetua por el homicidio en el marco de la violencia de género.
El fiscal recordó que el imputado tiene familia en el Paraguay y que esto representa un riesgo de fuga, la que sería ingenuo considerar que lo haría de manera legal como dijo la Defensa, sino que lo haría de manera ilícita.
En relación a los testigos del caso, consideró que es necesaria su protección, ya que son conocidos del acusado y muchos viven en el mismo edificio donde al acusado tiene su domicilio y su libertad puede influir en estas personas.
La Querella, que ejerce la doctora Corina Beisel, también adhirió a los dichos de la Fiscalía, considerando que la misma Defensa admite los riesgos y la responsabilidad de Jorge Julián Christe, al solicitar la prisión domiciliaria y no la libertad, resaltando que la misma Defensa fue la que reconoce que los celulares fueron rotos y que deja a la vista la actitud violenta del acusado.
Finalizando resaltó todo lo realizado por el acusado tras el hecho, que fue a lo de su madre y otros movimientos, para finalmente ir a la Policía, por lo que considera que hay riesgos procesales y solicitó mantener la medida para garantizar que el imputado esté sometido a derecho y asegurar que se llegue a juicio.
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