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Ingresó hoy en la Cámara de Diputados y fue girado a comisión un proyecto de ley para declarar por 180 días la emergencia o desastre agropecuario en 11 departamentos entrerrianos afectados por las inundaciones, registró AIM. La iniciativa contempla beneficios tributarios, asistencia crediticia y medidas extraordinarias para evacuar hacienda. Advierten que más de 30.000 vacunos debieron ser retirados de las islas frente a Victoria y que la emergencia hídrica decretada por el gobierno provincial resulta insuficiente para atender las pérdidas productivas.
La diputada provincial Erica Vilma Vázquez, del bloque Juntos por Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que propone declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las zonas de islas, tierras anegadizas y áreas ribereñas de 11 departamentos de Entre Ríos, ante las crecidas extraordinarias de los ríos Paraná y Uruguay, registró AIM.
La iniciativa establece una vigencia de 180 días desde su publicación y comprende las explotaciones ganaderas, agrícolas, apícolas, forestales, frutícolas y hortícolas de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia y Federación.
En los fundamentos, la legisladora advirtió sobre las consecuencias del fenómeno climático El Niño y el incremento de las precipitaciones en la Cuenca del Plata, que provocaron el aumento del caudal de ambos ríos y el anegamiento de extensas superficies productivas.
Más de 30.000 vacunos evacuados y preocupación entre los productores
Uno de los puntos centrales del proyecto es la situación que atraviesan los productores ganaderos de las islas, quienes deben afrontar importantes costos para trasladar sus animales hacia zonas seguras.
Según se detalla en los fundamentos, en las islas frente a Victoria «se aceleró la evacuación de más de 30.000 vacas, con advertencias sobre los altos costos del traslado y las dificultades de los pequeños productores, que reclaman la declaración de la emergencia agropecuaria».
Además, se señala que, de acuerdo con información del gobierno provincial, «hay más de 200.000 cabezas de ganado en la zona de islas» y que los productores «enfrentan además dificultades para conseguir campos altos y deben afrontar por su cuenta los costos de traslado».
La situación también es preocupante en Islas del Ibicuy, donde los establecimientos rurales soportan desde hace aproximadamente dos meses y medio los pulsos de crecida del río Uruguay.
«En Villa Paranacito, los campos sin defensas ya se anegaron y la mayoría de los productores retiró o redujo sus rodeos», se advierte en el proyecto, que también recoge la preocupación por el avance de la creciente del Paraná sobre el sur provincial.
En ese contexto, la Comunidad Islera Asociación Civil reclamó que no se demoren las declaraciones de emergencia agropecuaria.
El documento advierte que existe el riesgo de que, ante la necesidad de evacuar rápidamente los animales, los productores deban vender parte de sus rodeos en condiciones desfavorables.
También identifica una dificultad operativa: «Sin la emergencia declarada no es posible sacar hacienda durante la noche, una restricción que puede complicar las tareas si la crecida se acelera».
Advierten que la emergencia hídrica provincial no alcanza
La iniciativa plantea una diferenciación entre la emergencia hídrica dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio y la emergencia agropecuaria que necesitan los productores afectados.
En ese sentido, recuerda que mediante el Decreto 2026-2660-E-GER-GOB, del 27 de agosto, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica en toda la provincia durante 180 días.
Sin embargo, los fundamentos sostienen que esa herramienta tiene un carácter preventivo, principalmente orientado a obras y contrataciones.
«El propio decreto aclaró que no implicaba afirmar que necesariamente se produciría un evento hídrico. Hoy el evento se produjo y afecta a la producción», señala el texto legislativo.
Asimismo, remarca que «la emergencia hídrica no habilita la certificación de productores ni el acceso a los beneficios de las Leyes 10.836 y 26.509. Esa es la función de este proyecto».
De esta manera, la propuesta busca establecer un régimen específico de asistencia para las explotaciones rurales perjudicadas por las inundaciones, sin sustituir la emergencia hídrica vigente.
Beneficios impositivos y asistencia financiera
El proyecto establece que los productores afectados podrán acceder a los beneficios contemplados en la legislación provincial y nacional, una vez que obtengan los certificados correspondientes.
Entre las medidas previstas se encuentran las prórrogas de vencimientos tributarios, la suspensión de ejecuciones fiscales y la gestión de asistencia crediticia ante el Banco de la Nación Argentina, el agente financiero provincial y otras entidades.
La iniciativa también contempla la posibilidad de extender los beneficios tributarios a vencimientos operados desde el inicio del fenómeno climático.
En los fundamentos se recuerda que la Ley provincial 10.836 establece distintos niveles de afectación para determinar la emergencia o el desastre agropecuario.
El régimen contempla un umbral del 50 por ciento de afectación para la emergencia y del 80 por ciento para el desastre, además de las modificaciones introducidas por la Ley 11.070.
La diputada también destaca la importancia del reconocimiento nacional, ya que permitiría acceder a herramientas adicionales para los productores obligados a desprenderse de su hacienda.
En particular, menciona que la Ley nacional 26.509 permite deducir del impuesto a las ganancias el 100 por ciento de los beneficios provenientes de ventas forzosas de ganado, bajo las condiciones de reposición establecidas.
«Es exactamente la situación que hoy enfrentan los productores que deben desprenderse de animales por el agua», sostiene el documento.
Medidas excepcionales para trasladar hacienda
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la incorporación de mecanismos para facilitar la evacuación y protección de los animales.
La propuesta establece que la autoridad de aplicación deberá coordinar acciones con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), municipios, comunas, juntas de gobierno y entidades representativas del sector.
Entre las medidas se incluyen la habilitación y mantenimiento de embarcaderos y puertos de carga, la gestión de documentación excepcional para traslados por evacuación y la autorización de movimientos nocturnos bajo condiciones especiales de seguridad.
También se prevé organizar un registro de campos de refugio, que podrá incluir inmuebles provinciales, y brindar asistencia para alimentación animal, provisión de agua y atención sanitaria.
El proyecto dispone que estas acciones deberán priorizar a los pequeños y medianos productores y a la agricultura familiar, sectores especialmente expuestos a los costos económicos derivados de las inundaciones.
Plazos para la intervención del Estado
La propuesta fija plazos específicos para que los organismos provinciales actúen ante la emergencia.
La Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario deberá delimitar las zonas y actividades afectadas dentro de los 15 días de entrada en vigencia de la ley, sobre la base de informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y de la Dirección de Agricultura.
A su vez, se establece un período de 60 días corridos, prorrogable, para que los productores presenten las declaraciones juradas y la documentación necesaria para acceder a los certificados.
Dentro de los 10 días posteriores a la delimitación territorial, el Poder Ejecutivo deberá remitir la documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios para gestionar el reconocimiento nacional.
El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, será la autoridad de aplicación.
Asimismo, el Ejecutivo deberá informar cada 60 días a la Legislatura sobre las zonas alcanzadas, los certificados emitidos, las gestiones nacionales y las medidas implementadas.
Una respuesta ante un fenómeno extraordinario
En los fundamentos, Vázquez sostiene que la iniciativa no pretende reemplazar los procedimientos técnicos establecidos por la legislación vigente, sino complementarlos con mecanismos que permitan acelerar la respuesta estatal.
«El proyecto no reemplaza el procedimiento técnico: lo integra», señala el documento, que destaca que la Comisión Provincial conservará sus facultades para determinar las zonas comprendidas.
Y agrega: «Lo que la ley agrega es certeza: plazos para delimitar, certificar y gestionar el reconocimiento nacional, y medidas específicas para el traslado de hacienda que la situación reclama».
La legisladora también aborda la particularidad de las islas entrerrianas, históricamente expuestas a las variaciones de los niveles de los ríos, y plantea que las actuales inundaciones deben considerarse un fenómeno extraordinario.
«Podría objetarse que las islas son zonas inundables por naturaleza», expresa el texto, pero aclara que «aquí no se trata del régimen hídrico habitual de las islas. Se trata de crecidas asociadas a un evento climático extraordinario».
Como antecedente, recuerda que en 2007 se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para la actividad ganadera bovina en zonas de islas y tierras anegadizas de seis departamentos entrerrianos afectados por la creciente del Paraná.
La iniciativa busca así que la provincia avance con herramientas concretas para atender las consecuencias productivas de las inundaciones, en un escenario en el que los productores deben afrontar la evacuación de animales, la pérdida de superficies de pastoreo y crecientes dificultades económicas.
«Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley», concluyó Vázquez en los fundamentos de la propuesta.
