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Finalmente el caso de peculado por el plan de viviendas de Concepción del Uruguay, en el cual varios funcionarios se adueñaron de una cifra millonaria destinada al Barrio 160 Viviendas, ubicado frente al viejo hospital Urquiza, llegó a su fin con el último condenado, Mario Jorge Acuña. Ahora la Fiscalía de Estado podría intervenir para demandar economicamente a los ex funcionario corruptos.
Como se inició todo
Como se sabrá, el expediente judicial por irregularidades en la construcción de viviendas sociales tuvo su punto de partida el 17 de octubre de 2018, tras la recepción de una nota anónima en el despacho de la entonces procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, escrito que adjuntaba más de cien fojas con copias de convenios, certificados de obra e informes del Registro de la Propiedad, alertando sobre el faltante de fondos y la no ejecución de unidades habitacionales proyectadas.
La investigación se centra en la ejecución del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, estructurado en dos convenios firmados en 2013 entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Los acuerdos identificados como ACU 743/13 y ACU 1415/13 preveían la construcción de 80 viviendas cada uno —160 en total— con infraestructura completa, por un monto global que ascendía a los 49.247.140 pesos.
La maniobra con los certificados de avance
Para la concreción de los trabajos se optó por la figura de un consorcio de gestión integrado por representantes municipales, provinciales y de los beneficiarios, el cual a su vez subcontrataba a dos cooperativas de trabajo. La acusación señaló que el mecanismo delictivo se articuló a través de la falsificación ideológica en los certificados de avance de obra, documentos públicos indispensables para justificar la ejecución presupuestaria y habilitar el envío de nuevos desembolsos desde el Estado nacional.
En dichos informes periódicos se asentaron porcentajes de avance notoriamente superiores a los reales, incluyendo la declaración de obras complementarias no realizadas. La irregularidad de mayor gravedad se registró en uno de los módulos, donde se certificó el progreso de 80 unidades habitacionales cuando en la verificación sobre el terreno solo se constató el inicio de 63, quedando las 17 restantes sin ejecutar.
Esta maniobras fueron imputados a Mario Jorge Acuña en su calidad de Presidente del Consorcio de Gestión para la construcción de Viviendas Concepción del Uruguay; sumándose también Rodrigo Romero Oliva, secretario del Consorcio de Gestión para la construcción de Viviendas Concepción del Uruguay; Ligia Tamara Cáceres, Presidenta de la Cooperativa de Trabajo «San Jorge»; Maximiliano David Saavedra, Presidente de la Cooperativa de Trabajo «La Unión»; Germán Ernesto Stegemann, Maestro Mayor de Obra, como responsable técnico del Consorcio de Gestión para la construcción de Viviendas Concepción del Uruguay y Claudio Martín Mazzarello, Maestro Mayor de Obra, en carácter de Auxiliar Inspector de obra de la UEPE, a quienes se les acuso de sustraer dineros públicos cuya administración y disposición tenía el Consorcio en el marco de la ejecución del Convenio ACU – S 01 743/13 de fecha 03/06/2013 que contemplaba la realización de obras por la suma de $23.482.080 y del Convenio ACU – S01 1415/13 del 21/08/2013 por un valor de $ 25.765.060, ambos del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, celebrados entre la Sub Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, fondos públicos que totalizaban la suma de $ 49.247.140 y que se debían destinar a la construcción de 160 viviendas y obras complementarias.
El 3 de julio de 2026, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, con la firma del vocal Mariano Martínez, dictó la Sentencia N° 122 y condenó en juicio abreviado a cinco personas por los delitos de peculado y falsedad ideológica de documentos públicos en concurso ideal, siendo Rodrigo Romero Oliva, Ligia Tamara Cáceres, Maximiliano David Saavedra, Germán Ernesto Stegemann y Claudio Martín Mazzarello, pero en el caso de Acuña se negó.
El tiempo pasó y finalmente este ex funcionario aceptó el acuerdo de juicio abreviado y el mismo fue presentado por las partes, en el caso del acusado su representante doctor Armando D. Garin y por el Ministerio Público Fiscal, la doctora Albertina Chichi, siendo presidente del Tribunal unipersonal, el doctor Rubén Chaia, quien homologó el acuerdo, condenando a Acuña a la pena de tres años de cumplimiento condicional y reglas de conducta debiendo fijar domicilio, el que no podrá variar sin autorización previa del Tribunal. En dicha acta se le hará saber al condenado que, en caso de verificarse el incumplimiento de esta regla de conducta, previa audiencia, se revocará el modo de ejecución de la pena y se dispondrá su inmediata detención y traslado a la Unidad Penal, donde iniciará el cumplimiento efectivo de la pena de conformidad a la legislación vigente.-
La condena fue por los delitos de “Peculado y falsedad ideológica de documentos públicos en concurso ideal” (arts. 45, 54, 261 y 293 del Código Penal) y contempla además la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Y la plata robada?
Respecto al dinero que estos ex funcionarios le robaron al Estado y por ende a los argentinos, la Justicia no dispuso medida alguna, dado que esto sería encarado próximamente por Fiscalía de Estado, que podrá iniciar las medidas correspondientes para que estas personas se vean en la obligación de reparar el daño causado.
La Fiscalía de Estado es el organismo encargado de defender el patrimonio del Estado provincial y de controlar la legalidad de los actos de la administración pública.
No debe confundirse con el Ministerio Público Fiscal (que investiga los delitos penales contra las personas); la Fiscalía de Estado defiende específicamente los intereses económicos y jurídicos del fisco.
