miércoles, septiembre 9, 2026

El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a ATE tras los incidentes en Recursos Humanos

La presentación judicial fue radicada por la Directora General del área, Luciana Magali Kapp, ante la Unidad Fiscal de Paraná. Acusan a un grupo de unas 100 personas de forzar el ingreso, amenazar al personal y causar daños en el edificio.

El Gobierno provincial presentó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, a raíz de los hechos de violencia e intimidación registrados en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes N.º 399 de la capital provincial.

Según consta en la denuncia realizada por la titular del organismo, Luciana Magali Kapp, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este martes, cuando un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con pecheras del gremio —entre los que se encontraban dirigentes provinciales y del Consejo Directivo Nacional— irrumpió en el edificio.

Forcejeos, encierro y daños en el mobiliario

De acuerdo con la presentación judicial, los manifestantes ingresaron por la fuerza tras un enfrentamiento con el personal de la Mesa de Entradas. Posteriormente, se desplazaron por las distintas oficinas profiriendo expresiones intimidatorias para exigir la agilización de trámites gremiales.

En la denuncia se detallan los siguientes episodios:

  • Agresiones físicas: Empujones y forcejeos dirigidos hacia varias empleadas del organismo.

  • Daños materiales: Golpes de punición reiterados contra las puertas y destrozos en el mobiliario de la repartición.

  • Llamado al 911: Un trabajador debió resguardarse encerrándose en un despacho, desde donde solicitó asistencia policial urgente.

Antecedentes y pruebas aportadas

La presentación incluye además la constancia de un episodio previo ocurrido el 19 de mayo de 2026, en el que la funcionaria habría recibido amenazas de gravedad similar.

Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que pondrán a disposición de las autoridades judiciales los registros de las cámaras de seguridad del edificio y el testimonio de más de una decena de empleados que presenciaron los hechos. Asimismo, se solicitaron medidas de protección y seguridad para garantizar la integridad del personal.