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La crisis en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay sumó un dramático capítulo tras la masiva llegada de telegramas de despido a sus trabajadores. Aunque la firma comunicó inicialmente 250 desvinculaciones sobre un total de 900 empleados, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) aseguraron que las notificaciones ya superarían las 300 y podrían llegar a 400.
En diálogo con Elonce, Julio Chamorro, integrante del gremio, expresó la enorme preocupación del sector ante la causal invocada por la avícola. La empresa argumentó una drástica caída de la actividad vinculada a la gripe aviar y la retracción de las exportaciones, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual contempla la reducción del 50% de la indemnización por razones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.
Desde la representación sindical rechazaron enérgicamente esta postura. «Esto no es fuerza mayor. El sector avícola no está en crisis, está en crisis Tres Arroyos», remarcó Chamorro, al tiempo que lamentó que esta decisión unilateral haya echado por tierra las negociaciones que se mantenían con la Provincia y el Municipio para intentar reactivar la producción.
Tres meses sin actividad y haberes adeudados
La fábrica uruguayense permanece paralizada desde hace tres meses y adeuda salarios desde el mes de abril, además del aguinaldo. Durante todo 2025 se implementó un procedimiento preventivo de crisis que incluyó reducciones salariales y la salida de más de 380 operarios mediante retiros voluntarios, medidas que no lograron evitar el colapso.
«Sencillamente, endeudarse era para sobrevivir. Después cerraron las plantas y dejaron de pagar; entonces, ese problema laboral y económico se transformó en un problema humanitario», describió el dirigente, recordando que las familias han debido subsistir gracias a la entrega de módulos alimentarios y subsidios estatales.
Además del drama social para las familias afectadas, el impacto comercial en Concepción del Uruguay es severo: según estimaciones del gremio, la paralización implica que unos 1.400 millones de pesos mensuales dejen de circular en la economía local, afectando en cadena a comercios, proveedores y servicios indirectos.
Acciones judiciales y posibles cortes de ruta
El gremio adelantó que denunciará la causa de los despidos ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y habilitará la vía judicial para reclamar el cobro de salarios e indemnizaciones al 100%. No obstante, expresaron sus reservas ante la posibilidad de un concurso de acreedores que dilate las ejecuciones.
Ante la gravedad del panorama, desde el STIA adelantaron que evalúan realizar medidas de fuerza y manifestaciones sobre la Ruta Nacional 14 entre el domingo y el lunes. «Lo duro recién empieza con todo este panorama», concluyó Chamorro. Fuente EL ONCE
