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En las últimas horas se conoció que el oficialista senador provincial Rubén Dal Molín de Juntos por Entre Ríos, inició su trámite jubilatorio mientras continúa defendiendo en la Legislatura una reforma previsional que endurece las condiciones para quienes se jubilen en el futuro.
Nadie discute su derecho a hacerlo. La ley vigente lo habilita. Pero no todo lo que es legal resulta éticamente correcto. Y allí comienza el verdadero debate.
Durante semanas, el oficialismo nos explicó que la Caja de Jubilaciones atraviesa una situación crítica. Que el sistema ya no resiste. Que es necesario modificar el cálculo de los haberes, aumentar las exigencias y trasladar nuevos esfuerzos a trabajadores y municipios para garantizar su sustentabilidad.
Sin embargo, uno de los principales defensores de esa reforma elige acceder al régimen vigente antes que quedar alcanzado por las reglas que considera necesarias para los demás.
La contradicción es evidente. Porque quien está convencido de que un nuevo sistema es más justo, más sostenible y más conveniente para la provincia debería ser el primero en asumirlo. No el primero en evitarlo.
La ética pública impone una obligación superior a la que establece la ley. Quien ocupa una banca legislativa no administra únicamente un voto. Administra confianza. Y la confianza se construye cuando existe coherencia entre lo que se sostiene en los discursos y lo que se hace en las decisiones personales.
Resulta difícil pedir sacrificios cuando uno procura quedar al margen de ellos. Resulta difícil hablar de solidaridad intergeneracional cuando se preservan para uno mismo las condiciones que se pretende modificar para las generaciones que vienen. Resulta difícil reclamar comprensión a miles de trabajadores cuando el mensaje que se transmite es: «las nuevas reglas son para ustedes; yo me jubilo con las anteriores».
Tal vez el senador Dal Molín considere que no existe contradicción alguna. Tal vez entienda que simplemente ejerció un derecho. Pero quienes ejercemos responsabilidades públicas sabemos que la política no se agota en los derechos individuales.
También está atravesada por los deberes éticos. La sociedad no espera solamente que sus representantes cumplan la ley. Espera que den el ejemplo. Porque las reformas estructurales requieren mucho más que votos. Requieren autoridad moral.
Y esa autoridad comienza a debilitarse cuando quienes impulsan cambios profundos para los demás procuran, al mismo tiempo, quedar protegidos por el régimen que buscan modificar.
La política atraviesa una profunda crisis de credibilidad. No por falta de leyes, sino por falta de coherencia. La confianza pública no se recupera con discursos sobre la sustentabilidad del sistema previsional.
Se recupera cuando quienes conducen están dispuestos a asumir, en primera persona, las mismas consecuencias que les piden aceptar al resto de los ciudadanos. Ese es el verdadero liderazgo. Lo demás, aunque sea legal, difícilmente pueda ser considerado ejemplar.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
