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El escenario político de Concepción del Uruguay ha quedado expuesto ante una de las contradicciones más flagrantes del relato progresista local. La denuncia por violencia de género presentada por la concejal Karina Percara contra el intendente José Eduardo Lauritto no solo desnudó las tensiones dentro del recinto, sino que activó un sofisticado mecanismo de defensa corporativa e institucional que deja en claro una verdad incómoda: para el arco político tradicional, la gravedad de la violencia no se mide por el hecho en sí, sino por la ideología de la víctima y el peso político del denunciado.
Justicia Express: El privilegio de los poderosos
Lo primero que llama poderosamente la atención en este caso es la asombrosa celeridad con la que se expidió la justicia en sus primeras instancias. En un país y una provincia donde las víctimas de violencia de género deben esperar meses, peritajes interminables y lidiar con una burocracia que desampara, la causa contra el Intendente pareció correr en una «pista de alta velocidad» judicial para intentar cerrarla en tiempo récord.
Ante esta llamativa premura por archivar o minimizar el conflicto, la concejal Percara se vio obligada a ampliar la denuncia y exigir formalmente que se cite a los testigos presenciales.
¿A qué le temen? Si todo fue un malentendido, ¿por qué el apuro judicial en bajar la persiana antes de escuchar a quienes estuvieron allí? En una República de iguales, la justicia debe ser ciega, no veloz según el cargo del acusado.
La minimización como manual de estilo: El «factor Presas»
Como si la velocidad judicial no fuera suficiente, el blindaje político no tardó en llegar al plano legislativo. Las declaraciones del concejal Pablo Presas en la última sesión, catalogando la presentación como una denuncia por violencia de género «exagerada», son el vivo ejemplo de la condescendencia patricia con la que el oficialismo digiere las críticas.
Cuando una mujer de su propio signo político denuncia, se activan protocolos, se leen manifiestos y se exige la inmediata destitución del acusado. Pero si la denunciante es una mujer de ideología liberal o de derecha, el libreto cambia: la denuncia pasa a ser «una exageración», «un intento de aprovechamiento político» o una simple «sensibilidad» desmedida.
Esa minimización de la palabra de una par es una falta de respeto no solo a la concejal afectada, sino a todas las mujeres que esperan que las instituciones den el ejemplo.
El Colectivo con derecho de admisión: Izquierda vs. Derecha
Este caso pone sobre la mesa el debate de fondo: la absoluta doble vara de las políticas de género y los colectivos de «sororidad». Durante años nos vendieron que «el colectivo» defendía a las mujeres de manera universal. Hoy vemos que el carnet de víctima tiene derecho de admisión ideológica.
Si la víctima es de izquierda: Cuenta con el aparato estatal a su disposición, marchas en la plaza, comunicados del área de género municipal y solidaridad automática de las bancadas oficialistas.
Si la víctima es liberal o de derecha: El feminismo institucionalizado sufre de amnesia selectiva. Hay un silencio sepulcral en las oficinas de género que nosotros mismos financiamos con nuestros impuestos. La empatía del progresismo local está directamente condicionada por la boleta electoral que la víctima metió en la urna.
Como liberales, no defendemos privilegios de género ni colectivos colectivistas que colectivizan la culpa; defendemos la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a la dignidad del individuo. Si un funcionario público, sea quien sea, abusa de su posición de poder para violentar o amedrentar a un miembro del cuerpo legislativo, debe rendir cuentas con todas las de la ley.
El Ejecutivo local está acostumbrado a actuar «sin pedir permiso» a las autoridades nacionales. Ahora, con este avasallamiento institucional y judicial en el caso Percara, nos demuestran que tampoco tienen intenciones de respetar las normas básicas de convivencia democrática.
Señores concejales del oficialismo, dejen de militar la sororidad de cotillón. La violencia no tiene ideología, y el abuso de poder tampoco. Es hora de que la justicia escuche a los testigos y deje de operar como el escudo de los amigos del poder.
