 |
En los últimos días, el debate público de Concepción del Uruguay se ha visto sacudido por encendidas críticas respecto a las intervenciones municipales en dos de nuestros mayores orgullos patrimoniales: la Casa de Urquiza y el Museo Delio Panizza. Se ha llegado a calificar este accionar bajo analogías delictivas y lógicas mafiosas, argumentando una supuesta «arbitrariedad» por la falta de firmas, convenios vigentes o autorizaciones de organismos centralistas con sede en Buenos Aires o Paraná.
Sin embargo, como docentes e historiadores, nos vemos en la obligación de descorrer el velo de la chicana política para analizar el fondo de la cuestión: ¿qué hacemos cuando el Estado Nacional y Provincial desertan de sus obligaciones? Quienes defienden a rajatabla la rigidez procedimental olvidan —u omiten deliberadamente— la asimetría y el histórico centralismo que sufre el interior del país. Exigir que el municipio paralice cualquier puesta en valor a la espera de que la Comisión Nacional de Monumentos o la Secretaría de Cultura de la Nación aprueben un expediente, en un contexto de desmantelamiento administrativo y asfixia presupuestaria a nivel federal, no es defender la legalidad; es firmar el acta de defunción de nuestro patrimonio.
La Casa de Urquiza y el Museo Delio Panizza no son abstracciones jurídicas que habitan en los escritorios porteños; son edificios de carne y hueso, con techos que sufren las inclemencias del tiempo, paredes que acumulan humedad y estructuras que requieren mantenimiento constante. Cuando la Nación decide subutilizar o abandonar un espacio, o cuando la Provincia retira sus partidas específicas, la inacción no es una opción virtuosa. Esperar el «permiso» de un ausente es complicidad con el deterioro. La instalación de un museo itinerante o las refacciones de urgencia no responden a una lógica de «caudillismo» ni a un capricho trasnochado. Responden al principio de preservación por omisión superior. Es el municipio, con los recursos de la comunidad local y el conocimiento de los profesionales de nuestra propia región — perfectamente calificados para la tarea—, el que debe actuar como la última línea de defensa de nuestra identidad histórica. Activar un espacio público, dinamizarlo culturalmente y resguardarlo de la ruina es un acto de estricta responsabilidad civil y patrimonial. La historia no se detiene a esperar que un burócrata firme un remito a miles de kilómetros de distancia. Si la herencia de Urquiza y Delio Panizza sigue en pie, debe ser gracias al compromiso de la comunidad que la habita y la respira todos los días. Frente al abandono centralista, la gestión y la preservación local no constituyen un delito: constituyen un deber soberano.
