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El pasado jueves los empleados judiciales realizaron un nuevo paro no sólo por el deterioro salarial que los afecta, sino también por el temor que genera el contenido del proyecto de reforma previsional que el poder ejecutivo provincial presentará ante la legislatura en los próximos días.
Se considera que, bajo la apariencia de una reforma parcial, en realidad se intenta modificar cuestiones troncales y sustanciales de la ley vigente, como lo es la movilidad de las jubilaciones acorde a la evolución del salario de los trabajadores activos.
Asimismo, se expresa disconformidad con el proceder gremial que no evidencia una estrategia con legisladores y otros estamentos del Poder Judicial, ni brinda información al respecto, ni escucha a las bases.
Así, entienden que políticos y sindicalistas hablan livianamente de subir la edad para equipararla con el régimen nacional, como si diera lo mismo llegar a la edad de jubilación trabajando en el fuero penal o de familia, que en el fuero civil, comercial y laboral.
Además, advierten que los representantes gubernamentales y sindicales proclaman su intención aparente de garantizar la movilidad con un índice cuya base de cálculo no se especifica, pero diciendo que la misma debe apuntar a que no haya distorsiones, o sea, a que los jubilados de mañana cobren solamente lo que una caja deficitaria administrada por el gobierno de turno les pueda pagar en ese momento.
Por otra parte, sostienen también que se sacan una foto para abrir el diálogo entre el gobierno y los sindicalistas, pero ninguno dice la verdad: que la reforma que se propone es otro parche; que con la modificación auspiciada no se va a alcanzar la proporción de 4 activos por un 1 pasivo que se necesita para resolver el problema; que faltan trabajadores en muchos organismos; que los empleados activos actuales están sobrecargados de trabajo especialmente en algunos fueros que atienden situaciones de violencia; que en el fondo lo que en realidad está en crisis es la solidaridad intergeneracional, pero no por una cuestión “natural”, sino por un Estado cruel que no está dispuesto a sostener el sistema solidario porque lo considera desde una perspectiva exclusivamente economicista, sin valorar que se trata de personas que han trabajado toda su vida y legítimamente pretenden retirarse luego con un haber digno; todo ello porque se dieron cuenta que administran un Estado pobre, por lo que, en su lógica, sus trabajadores y jubilados también deberían ser pobres.
En definitiva, destacan que mientras los trabajadores no dan más, políticos y sindicalistas rosquean entre ellos a fin de garantizarse los beneficios de ser casta. Por eso, enfatizan que “en este contexto de precariedad y ajuste -no de privilegios-, NO hay consenso que valga si la solución consiste en que los que nunca trabajaron recorten los derechos de quienes no saben hacer otra cosa que trabajar al servicio del ciudadano que, al igual que ellos, paga puntualmente sus impuestos”.
