 |
El proceso judicial tiene una relevancia histórica en la provincia por la particularidad de que la querella actúa de manera autónoma, sin la intervención del Ministerio Público Fiscal. Dos funcionarios policiales acusados.
Luego de siete años de espera y reclamos por justicia, este martes comienza en Paraná el juicio por jurados en la causa que investiga el homicidio de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá.
El proceso judicial tiene una relevancia histórica en la provincia por la particularidad de que la querella actúa de manera autónoma, sin la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Durante el proceso, el jurado popular deberá determinar la responsabilidad de los policías, Oscar Molina y Diego Ibalo, en la muerte del joven de 24 años durante una persecución.
José Iparraguirre, quien representa a la familia de la víctima, recordó que la figura del querellante autónomo fue clave para que la causa llegara a esta etapa. “Cuando el Ministerio Público Fiscal archivó la causa, recurrimos en revisión ante el Procurador General, que confirmó esa decisión. Entonces, junto a Lucía Tejera, logramos algo inédito: solicitamos continuar la investigación de manera independiente, como querellantes autónomos”, explicó.
La jueza Elisa Zilli avaló la presentación y la resolución fue confirmada en Casación, lo que permitió que la querella prosiguiera la acusación sin la intervención fiscal. “Llegamos a esta instancia como acusadores privados únicos. Los imputados cuentan con sus defensas técnicas, y ahora será el jurado quien determine la verdad de lo ocurrido”, afirmó el letrado.
El juicio por jurados deberá definir entre dos versiones contrapuestas: la defensa de los policías sostiene que se trató de un caso de legítima defensa; mientras que la querella plantea que se trató de un caso de gatillo fácil, con un disparo efectuado cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión.
“Gabriel Gusmán fue ultimado con un disparo que ingresó en el cráneo desde atrás hacia adelante. Iba corriendo, levantó las manos y en ese momento fue ejecutado”, relató Iparraguirre.
Las pericias médicas y los informes de Gendarmería Nacional confirmaron que el joven recibió el impacto mientras estaba perpendicular al suelo, sin posibilidad de defenderse.
“Por eso calificamos el hecho como Homicidio agravado por alevosía, por el estado de indefensión de la víctima, y agravado por ser funcionarios públicos y por el uso de arma de fuego”, precisó el abogado. Fuente El Once
