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La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que septiembre pasado finalizó con un registro 12.062 personas privadas de su libertad en el ámbito Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con la información procesada en su reporte trimestral titulado Población privada de libertad en cárceles federales, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias.
La oficina a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili indicó que en el periodo analizado “se aprecia una tendencia sostenida de crecimiento de la población encarcelada”. En tal sentido, señaló un incremento de 3,2 % de la población alojada respecto de la medición realizada en diciembre de 2024, lo que equivale a 366 personas más de las registradas en esa ocasión.
La evolución de la serie histórica de esta variable en los últimos cuatro años y diez meses arrojó las siguientes cifras: en diciembre de 2020, 11.543 personas detenidas; en diciembre de 2021, 11.283; en diciembre de 2022, 11.349; en diciembre de 2023, 11.311; en diciembre de 2024, 11.696; y en septiembre pasado, 12.062.
El documento estadístico puntualizó un registro de sobrepoblación del 4,6% en septiembre de 2025, lo que implica que el sistema tiene 529 personas encarceladas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos. Sin embargo, esa variable disminuyó respecto de agosto -cuando era de 545 personas por encima de la capacidad- dado que se habilitaron nuevas plazas.
Por otro lado, la PROCUVIN informó que el 60,5% de la población penal alojada en establecimientos del SPF, es decir, un total de 7.300 personas, se encuentran cumpliendo condena, lo que implica un aumento del 5% -351 personas- respecto de diciembre de 2024. En tanto, el 39,5% restante -4.771 personas- permanece en prisión preventiva.
En este contexto, de acuerdo con el informe el 49% de las personas alojadas en estos establecimientos (5.908) se encuentra a disposición de jueces/as del fuero nacional, mientras que en el 45,3% (5.461), del fuero federal. El 5,7% restante (693) de las personas privadas de su libertad corresponde a órdenes cursadas por fueros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Colectivos vulnerables
La PROCUVIN precisó que septiembre de 2025 concluyó con 952 mujeres y 33 personas travesti-trans privadas de su libertad en cárceles federales. Según señala el documento el conjunto representa el 7,9% del total de la población penal.
La oficina especializada destacó que la población de mujeres creció un 8% durante 2025 (67 personas) y que se triplicó la cifra de mujeres con sus hijos y de niños que viven en la cárcel, que suman 15 en total.
Por otro lado, hay 292 jóvenes de entre 18 y 21 años de edad encarcelados en establecimientos del SPF y 7 de cada 10 cumplen prisión preventiva. Esta franja etaria registró una disminución del 12% durante el año, con 40 jóvenes menos, de acuerdo con los datos desagregados en el informe.
En relación a la población migrante detenida en este ámbito, la PROCUVIN indicó que ascendió a 1.935 personas y puso de relieve que, en la primera mitad del año, este grupo se incrementó un 2,7% (51 personas).
Metodología
Entre otros objetivos, el documento tiene como fin la producción de datos sobre la composición y evolución de la población penal de las cárceles federales, para contribuir a la elaboración de las diversas líneas de acción e intervención que desarrolla la procuraduría especializada. Al mismo tiempo busca la difusión de información sobre la situación carcelaria en nuestro país.
La información presentada tomó como fuente los reportes publicados en el sitio web del SPF al final de cada mes. Esos datos luego fueron sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN.
La oficina especializada aclaró que el universo analizado no constituye el total de personas privadas de libertad bajo la órbita de los fueros nacional y federal, debido a que no está incluida en las consideraciones la información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad, ni dispositivos federales, tales como dependencias de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal.
