 |
 |
Solicitó además investigar si la ineficiencia recurrente en la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría eventualmente constituir negligencia, connivencia o complicidad en los sucesos investigados. La fiscalía actúa con las colaboraciones de la PROCUNAR, la PIA, la DATIP y la SIFRAI.
El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar al pedido formulado hoy por la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, para que se disponga la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia), y por posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.
El pedido incluyó un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.
Los hechos investigados
La causa se inició el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada. Esta complejidad determinó que desde la fiscalía actuante se requiriera y articulara la intervención de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal que colaboran en el caso: la PROCUNAR, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
Entre los imputados, cuyas detenciones fueron ordenadas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
Según el dictamen fiscal, las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto.
También se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas a cuyo respecto se practicaron los necesarios exámenes periciales.
“Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”, remarcaron los fiscales. La fiscal Roteta y su equipo de trabajo mantuvieron desde el inicio de la investigación -que no se encuentra delegada- un proactivo rol que permitió la obtención de numerosa evidencia (documentación, teléfonos celulares y computadoras, cámaras de vigilancia).
A la par de la realización de las medidas vinculadas con la determinación de eventuales responsabilidades y con el acopio y preservación del material probatorio cuya obtención no admitía demoras, se destacó también que el caso requirió la realización de tareas ajenas a la función judicial, vinculadas con la necesidad de retirar del alcance del público en general el fentanilo contaminado, para evitar nuevos casos de contaminación microbiana y eventuales fallecimientos. En tal sentido, el MPF destaca la actuación del juez Kreplak.
El núcleo del caso alude al desvío de calidad del producto y su impacto en la salud pública. Por su complejidad, sin embargo, reviste múltiples aristas: el desvío de cantidad -infracciones a la ley de drogas- en el que interviene la PROCUNAR y también fue objeto de imputación. En tanto, la fiscal había dado intervención a la PIA, que analizó 273 expedientes administrativos, cuyo dictamen permitió impulsar la acción penal para analizar la actuación del organismo regulador.
