 |
 |
El veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad no solo es un golpe brutal para miles de personas que ya viven en la precariedad, sino una nueva expresión del sistemático ataque que el gobierno de Javier Milei ejerce contra el colectivo de personas con discapacidad. Esta ley, aprobada con urgencia y justo respaldo social, buscaba reparar una situación trágica: más del 10% de argentinos con discapacidad sufren barreras gravísimas en salud, educación, trabajo y acceso a prestaciones básicas, agravadas por demoras, incertidumbre por auditorías y destrucción institucional.
Rechazar la emergencia no es solo negar recursos esenciales: es perpetuar el abandono estatal y avalar un discurso cruel, como el que alguna vez expresó un responsable oficial, afirmando que “no es culpa del Estado tener un familiar con discapacidad”. Milei y su gestión siguen congelando derechos, despreciando las necesidades y profundizando la exclusión.
Este veto es un duro golpe para la dignidad, un mensaje letal para miles de familias que luchan día a día contra la indiferencia oficial. Rechazamos con firmeza esta medida destructiva y convocamos a toda la sociedad y representantes parlamentarios a redoblar la lucha por una discapacidad con derechos plenos.
