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Esa es la propuesta de Javier Milei, un Estado lejano a la gente y quitando derechos para las personas más vulnerables
El gobierno nacional vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, dejó a miles de familias sin el alivio que esperaban. Y esta acción “es un mensaje político”, dejó en claro que los recursos destinados a las personas con discapacidad no son prioridad para el presidente. A esto se le suman los atrasos en los pagos a prestadores de terapias, transporte y acompañantes, lo que genera interrupciones en tratamientos esenciales. Las familias están quedando en el medio de un conflicto donde el Estado se corre: prestadores que ya no pueden sostener la atención, trámites que se frenan, coberturas que se caen.
No es novedoso para todos aquellos que estamos cerca de la gente, día a día en los barrios más vulnerables. Tenemos un gobierno nacional que ajusta por los que más lo necesitan, jubilados y personas con discapacidad.
En este caso, hablamos de personas que dejan de acceder a rehabilitación, niños que pierden continuidad en su escolaridad inclusiva o pacientes que interrumpen terapias vitales. Este no es un problema administrativo: es la vulneración directa de derechos humanos. “La discapacidad, la salud y la inclusión no son prioridad”.
La confusión permanente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es otra muestra de esa retirada: la información no llega, los trámites se multiplican, las personas quedan atrapadas en la burocracia. Un Estado que funcionaba mal, ahora funciona peor.
El gobierno pretende utilizar el argumento de las irregularidades para justificar la reducción de las pensiones no contributivas. Es cierto que en algunos casos puede haber personas cobrando estas pensiones sin tener derecho a ellas, pero esto es una minoría. Hacer que todos paguen por los errores de unos pocos no se traduce en un Estado eficiente. Una mirada simplista que deja a familias enteras fuera de un sistema que tiene que atenderlos.
Las citaciones se están realizando en lugares inaccesibles y con información incorrecta. Nadie está en contra de establecer mecanismos de control, pero queremos que sean accesibles y que consideren las circunstancias particulares de cada individuo. Por ejemplo, ¿cómo puede convocarse a una persona con discapacidad motriz a kilómetros de distancia para que presente documentación? Hoy por hoy, en tiempos de Internet. Un Estado que no responde a las necesidades básicas, como el acceso a la salud, es un Estado que no cumple con su rol.
Este modelo de país convierte los derechos humanos en un gasto prescindible. Pero la salud, la educación, la inclusión y la dignidad no son lujos, son derechos universales que deben ser garantizados.
Cuando el presidente retira al Estado del territorio, lo que en verdad hace es desproteger a quienes más necesitan acompañamiento. Lo mismo ocurre a nivel provincial: falta de gestión del gabinete del gobernador Rogelio Frigerio y legisladores nacionales del oficialismo que respaldan cada una de las medidas del gobierno nacional en contra de los sectores más vulnerables. Ese es el verdadero rostro de este proyecto: un ataque directo a la igualdad y a la dignidad humana.
En Concepción del Uruguay la respuesta fue clara. El Consejo Municipal de Discapacidad junto a las instituciones y familiares elaboraron un documento y lo entregaron a legisladores nacionales. La movilización en Plaza Ramírez mostró la voz de quienes no se resignan al abandono. Porque cuando el Estado se retira, las familias quedan solas frente a problemas que deberían estar acompañados por políticas públicas.
Se pretende instalar en la sociedad la idea de que los derechos de las personas con discapacidad son responsables del desequilibrio macroeconómico. Y eso no solo es mentira, sino que además es profundamente cruel. Con mensajes como “el Estado no tiene la culpa de que tengas una persona con discapacidad en tu familia”, se intenta enfrentar a la comunidad, romper el tejido social y abonar al individualismo del sálvese quien pueda. Esa narrativa es peligrosa porque convierte a los derechos humanos en un privilegio, y a la solidaridad en un obstáculo.
Señor Presidente si su plan económico se sostiene a costa de hacer ajustes sobre las personas con discapacidad, eso demuestra que no tiene un plan económico, sino un plan de destrucción de derechos.-
Marianela Marclay, candidata a Diputada Nacional
