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El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, y la transferencia de sus funciones a otras esferas confirma una visión sesgada respecto del rol del Estado y la necesidad de políticas activas que contribuyan al desarrollo nacional.
El afán de alcanzar metas de superávit fiscal, y reordenamiento macroeconomico no pueden perder de vista la innegable importancia que estas instituciones tienen para el desarrollo de un país como la Argentina que cuenta con un vasto y, en gran porcentaje, despoblado territorio.
En lugar de tomar las medidas conducentes para desterrar la supuesta fuente de corrupción en la obra pública vial, modificando las leyes y adoptando las medidas de control que correspondan, directamente se prescinde de un Organismo de una importancia estratégica.
La Dirección Nacional de Vialidad, creada hace casi un siglo, ha sido históricamente responsable del mantenimiento, conservación y desarrollo de la red vial nacional, incluyendo rutas estratégicas para la conectividad y el desarrollo económico de todas las provincias de nuestro país. La Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial, por su parte, cumplen funciones regulatorias y de control para garantizar la seguridad en las rutas argentinas.
Vemos con preocupación la afectación sobre el cumplimiento de tareas técnicas y operativas que requieren conocimiento profundo de la infraestructura vial, el control de cargas y la seguridad en rutas. La ausencia de un organismo dedicado exclusivamente a estas funciones podría derivar en un deterioro de la seguridad vial, aumento de accidentes y descontrol en el tránsito pesado, con consecuencias directas para la población y las economías regionales.
La complejidad del entramado productivo de nuestro país requiere de una acción planificada, donde la ausencia de políticas específicas y de recursos destinados a tal fin, resultan indispensables para recuperar un sendero de crecimiento sostenible que nos lleve al desarrollo económico y social para todos.
Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente, las inversiones se guiarán solo por rentabilidad y no por necesidad social o conectividad federal.
Buenos Aires, 8 de julio 2025
