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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura de Sergio Urribarri. El exfuncionario fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión en el marco de un megajuicio por corrupción. La medida cautelar solicitada busca alinearse con lo dispuesto recientemente por la Cámara de Casación Penal de Paraná para Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes ya están en prisión.
El pedido fue presentado este martes por la tarde-noche por los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón. Durante la audiencia, los fiscales argumentaron que existía un claro riesgo de fuga por parte de Báez, el cual, según ellos, se podría acreditar a través de diversas pruebas objetivas presentadas en la causa. Aramberry destacó que “los coencausados que se encuentran en la misma situación procesal que Báez ya están en prisión preventiva”, lo que considera un dato relevante que, en su opinión, respalda el riesgo de fuga del exministro.
Por su parte, la fiscal Yedro señaló que, además de la pena a la cual fue condenado Báez, es importante valorar sus características personales, como sus recursos técnicos, económicos y vínculos. Además, agregó que Báez tiene una causa pendiente por presunto enriquecimiento ilícito, en la que no ha podido justificar su patrimonio.
Ramírez Montrull remarcó el interés de la ciudadanía en que se condene a los culpables y no haya impunidad. En este sentido, subrayó que “la presunción de inocencia de Báez se ha ido desvirtuando , y resaltó que se debe priorizar el interés público para que la condena no quede como una simple declaración abstracta.
Los fiscales también señalaron la importancia de cumplir con los tratados internacionales contra la corrupción, los cuales obligan al Estado a garantizar que la pena, en este caso de cumplimiento efectivo, sea ejecutada. Según el fiscal Badano, esto es esencial para asegurar la sanción de delitos graves y evitar que queden impunes.
Pedido de la defensa
En respuesta, los abogados defensores de Báez, Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez, solicitaron el rechazo del pedido de prisión preventiva, argumentando que no existe un riesgo de fuga, dado que Báez ha estado siempre a disposición de la Justicia. Velázquez subrayó que el fallo de Casación en el caso de Urribarri y Aguilera no es aplicable a Báez, ya que los riesgos de fuga analizados en esos casos son particulares y no se pueden trasladar al exministro.
Los defensores también argumentaron que no se han presentado pruebas concretas que acrediten el riesgo de fuga. En cuanto a la supuesta posibilidad de que Báez eluda la condena, señalaron que los bienes de Báez están embargados y no han sido ejecutados por falta de una sentencia firme.
Los defensores también plantearon razones de salud y edad de Báez, quien tiene 62 años, y solicitaron que, en caso de que se accediera a la medida cautelar, se dispusiera la prisión domiciliaria. Según los abogados, Báez sufre de diversas condiciones de salud, como diabetes y celiaquía, que requieren un tratamiento específico, lo cual dificultaría su alojamiento en la cárcel.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Tribunal decidió suspender la audiencia hasta el viernes, cuando se dará a conocer la resolución sobre el pedido de prisión preventiva.
FUENTE UNO
