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Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos -RODHER-
manifestamos nuestra preocupación por el Proyecto de Ley que propicia la modificación
del Reglamento de la Policía de Entre Ríos a través del cual se pretende crear una
División Asuntos Jurídicos en el ámbito de la Policía que, de acuerdo a las afirmaciones
públicas recientes del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, se dedicaría a la defensa
legal de agentes denunciados o imputados por delitos vinculados con apremios ilegales,
tratos crueles o inhumanos.
Asimismo, repudiamos las declaraciones del Ministro, que resultan alarmantes, en tanto
se refirió a esas prácticas como “accidentes de trabajo”. Parece mentira que haya que
recordar que estas constituyen delitos graves en tanto violaciones de derechos humanos.
El Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no
alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los
compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar,
porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la
gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la
impunidad.
Tal como señala la nota elevada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura:
“Lejos de ser apoyados, los funcionarios que incurran en estas conductas deben ser
separados inmediatamente de sus cargos y sancionados conforme a la normativa
vigente.”
Resulta penoso tener que recordar que en febrero de este año Ariel Goyeneche de 36
años de edad murió asfixiado porque un agente de policía se apoyó con todo su peso
sobre su cuello para “reducirlo”, mientras otros miraban pasivamente. Las golpizas, las
detenciones arbitrarias y el sometimiento a tratos crueles son prácticas que aún suceden
y es función del Estado prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.
