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Otra gran marcha en defensa de las universidades públicas nacionales se vivió en Concepción del Uruguay, en el marco de las movilizaciones convocadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios de trabajadores docentes y nodocentes. La marcha contó con el respaldo de sindicatos, profesionales, docentes, políticas, sociales y ciudadanas, entre otras. La consgina fue clara en el rechazó al veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.
La marcha, estimada en más de 5 mil personas partió desde el Rectorado de la UNER, frente a Plaza Ramírez, para dar vuelta en torno a ella y culminar en la Escuela Normal donde funciona, además, la sede de UADER. Diferentes agrupaciones sociales, gremios como UOCRA y ATE, trabajadores de la cultura, vecinos autoconvocados y vecijnos de a pie se unieron al grito de «No el Veto» contra Milei, portando además varios carteles con alusiones contra el gobierno nacional y provincial.
Frente a la puerta de ingreso a la Escuela Normal, se leyó el comunicado consensuado por quienes realizaron la convocatoria resaltando la lucha de las Universidades Nacionales por mantener su calidad y gratuidad, permitiendo el ingreso a la educación superior para todos y todas sin importar condición de ningún tipo. Resaltaron además la lucha que también llevan adelantes los docentes entrerrianos que están transitando las 78 horas de paro.
Tras una hora de encuentros, consignas y la búsqueda de un reencuentro de muchas organizaciones sociales, de muchos militantes y gente de a pie en defensa de una causa muy honda en la historia del país como lo son las universidades nacionales, la multitud se desconcentró pacíficamente.
DOCUMENTO ÚNICO
EN DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO
Concepción del Uruguay, miércoles 2 de octubre de 2024
El pasado 23 de abril se desarrolló en nuestro país un hecho histórico, cuando cerca
de un millón y medio de personas se movilizaron a lo largo y a lo ancho de la Argentina
en defensa del sistema universitario público. En aquel momento denunciábamos el
estado de abandono por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en un contexto de
profunda crisis presupuestaria como resultado de las políticas de ajuste y vaciamiento
implementadas por el gobierno, lo cual colocaba al conjunto de nuestras universidades
en un escenario profundamente delicado que se agravaba cada vez más con el paso
del tiempo.
A poco más de cinco meses de aquella multitudinaria manifestación del pueblo
argentino, hoy la realidad es todavía más compleja y preocupante. El pasado 13 de
septiembre logramos que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Financiamiento
Universitario, que contempla un incremento en las partidas presupuestarias para el
funcionamiento de nuestras instituciones acorde al proceso inflacionario, así como la
correspondiente actualización salarial para trabajadores docentes y no docentes. Sin
embargo, pese a que el proyecto fue aprobado con el voto de una amplia mayoría
parlamentaria, y que contaba además con el apoyo de incontables sectores de la
sociedad, unidos ante la necesidad de salvar la educación universitaria, el presidente
Javier Milei anunció de manera absolutamente arbitraria, unilateral e inconsulta que
vetaría la ley. Semejante acto de desprecio hacia el sistema universitario no hace más
que reflejar algo que excede el mero desinterés por la educación de millones de
argentinas y argentinos, puesto que a esta altura ya constituye una vocación
deliberada y planificada por destruir lo que es patrimonio inexorable del pueblo.
Pero el ataque hacia las universidades y la educación pública en general no concluye
allí. Como si el anuncio del veto presidencial no bastara, el gobierno nacional elevó al
Congreso un proyecto de presupuesto para el año 2025 que agrava todavía más la
situación. Nunca hasta el momento fue tan grande la brecha entre los fondos
necesarios para el normal funcionamiento del sistema universitario y los que se
pretende asignar por medio de este proyecto, lo cual pone de manifiesto que no se
trata de un problema de recursos, sino de prioridades. El presidente ha sido claro y
explícito en su decisión de llevarse puesto todo bien público de nuestro país sin
siquiera reparar en la magnitud del daño que provoca.
El gobierno miente con descaro cuando pretende instalar en los medios que trabaja
para recomponer el deterioro presupuestario y la pérdida salarial en las universidades.
Tal afirmación no resiste el menor análisis y puede ser contrastada con los datos
objetivos de la realidad, información que no hace más que respaldar la urgencia, la
justicia y la dignidad de nuestros reclamos. Asistimos con desesperación a la
profundización de una política de desfinanciamiento que pone al límite de sus
posibilidades al sistema científico y universitario, que apenas logran cubrir los
servicios esenciales para evitar un colapso en el corto plazo. A su vez, miles y miles
de docentes y no docentes vienen experimentando una pérdida salarial frente a la
inflación del orden del 50%, lo que coloca a más del 70% de las y los trabajadores de
las universidades por debajo de la línea de pobreza.
En Entre Ríos la realidad no es en absoluto diferente, con un gobierno provincial que
se muestra completamente alineado con las políticas nacionales en materia educativa
y laboral, desoyendo los reclamos de miles de docentes y avanzando con pautas
salariales que profundizan la pobreza y desfinancian el sistema previsional mediante
inconstitucionales montos en negro. Sumado a esto, se avanza en medidas disuasivas
y persecutorias que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas y
disciplinar a las y los trabajadores de la educación que luchan por sus genuinos
derechos. En Concepción del Uruguay, verdadero baluarte histórico para la educación
superior de la región, se pretende convertir en un botín político al Colegio del Uruguay,
el único de carácter preuniversitario que posee nuestra ciudad. Es por todo esto que
esta marcha se da en conjunto con una huelga de docentes de todos los niveles del
sistema educativo, porque nuestra lucha es y seguirá siendo siempre a favor de la
educación pública y en defensa de sus trabajadores y estudiantes, desde el jardín
hasta la universidad.
En tiempos donde sectores del gobierno ensayan propuestas relacionadas con la
provincialización del sistema universitario, como protagonistas del mismo que hemos
aprendido las enseñanzas de la historia sabemos que la verdadera solución es
exactamente lo opuesto, fortaleciendo el rol del Estado nacional como responsable y
garante de las universidades, en estricto respeto de su autonomía académica y su
autarquía administrativa y económico-financiera. Una nación con futuro se cimienta
sobre la base de más universidades, con más recursos y un sistema científico
tecnológico jerarquizado y al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Por eso
ratificamos y reivindicamos los principios históricos de la Reforma Universitaria de
1918, de la gratuidad conquistada en 1949 y consagrada definitivamente en 2015, de
las instituciones que con participación y profundo sentido democrático se
comprometen con la comunidad y forman cada día a profesionales de la salud, la
educación, la producción, la administración, la economía y tantas otras áreas que son
estratégicas para el desarrollo de nuestro país.
Es un hecho indiscutible que los países más desarrollados del mundo son aquellos
que más invierten en la educación de sus habitantes. La Argentina ha sabido a lo largo
de su historia construir un sistema universitario público que es columna vertebral de
la formación de profesionales, el desarrollo económico y productivo y el crecimiento
con igualdad. Nuestras universidades son reconocidas en otras latitudes no sólo por
su excelencia académica, sino además por su carácter inclusivo más allá de toda
barrera social, garantizando una poderosa movilidad social ascendente que se
evidencia en millones de compatriotas que son la primera generación de graduados
universitarios en sus familias, que permite a cualquier hija o hijo de la clase
trabajadora, incluso naciendo en las condiciones más humildes, llegar a la universidad
y convertirse en un orgullo para su gente.
Por todo esto, y en concordancia con la convocatoria realizada por el Frente Sindical
de las Universidades, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo
Interuniversitario Nacional, hoy estamos una vez más en la calle para rechazar las
mentiras del gobierno y decirle NO al veto presidencial, al desfinanciamiento del
sistema científico y universitario, al vaciamiento y ajuste sobre la educación pública y
al abandono de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, vulnerando sus
derechos y deteriorando cada día más sus condiciones materiales de subsistencia.
Hoy volvemos a decir que las universidades son del pueblo porque el pueblo las
defiende con consignas claras:
– Contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, por su
inmediata implementación para garantizar el normal funcionamiento de todas
las instituciones y una recomposición salarial que esté acorde al incremento
real del costo de vida para dignificar el trabajo de miles de trabajadores
docentes y no docentes.
– Por la restitución efectiva y actualizada del Fondo Nacional de Incentivo
Docente y el Complemento por Conectividad, montos que deben llegar a las y
los docentes de escuelas y colegios preuniversitarios y de universidades
públicas de jurisdicción provincial.
– Por una mayor inversión en los organismos abocados a la investigación
científica y tecnológica, sus investigadores y los procesos de innovación y
transferencia que benefician a la sociedad en su conjunto.
– Por la actualización y ampliación de las becas y demás programas
socioeducativos que hacen posible el acceso a la educación superior
especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
– Por la regularización y pase a planta de las y los trabajadores contratados para
terminar con las condiciones de precarización laboral.
– Por el crecimiento y la democratización territorial del sistema universitario, con
más universidades públicas al alcance de millones de argentinas y argentinos
en cada rincón del país.
– Por la defensa irrestricta del derecho a la educación pública, gratuita, de
excelencia académica, con compromiso social, para construir un futuro más
justo y al servicio de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
¡UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA, SIEMPRE!
Organizaciones sindicales y estudiantiles de las universidades públicas de
Concepción del Uruguay:
– Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU)
– Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)
– Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER)
– Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN)
– Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
– Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional
(FAGDUT)
– Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales (CEFHAyCS)
– Centro de Estudiantes del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”
– Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional
(SIDUT)
– Estudiantes Autoconvocados de la UTN
Juan Schroeder (Fuentealba)
