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El 19 de julio se cumplieron 100 años de un doloroso hecho ocurrido en 1924 en la región del Chaco, que fue la masacre de Napalpí, y refiere a la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios qom y moqoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales.
Ese año, durante el mandato del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno ( un estanciero algodonero, que respondía directamente a Alvear), prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría por nativos qom y moqoit, emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. El objetivo era retenerlos en la zona para evitar la pérdida de mano de obra para la cosecha del algodón. No obstante, las condiciones de trabajo y alimentación eran deplorables, y no recibían pago alguno. Por esta razón, habitantes de las comunidades Qom y Moqoit, comenzaron una protesta en forma de huelga, ocultándose en las serranías, ante la falta de mejores condiciones de vida y exigían ser respetadas por las autoridades. Ante esta situación las autoridades provinciales planificaron la represión.
El 19 de julio de 1924, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco II, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. En el momento que los indígenas salieron a recogerlos, poco más de 130 policías y terratenientes dispararon y golpearon con machetes a familias enteras por oponerse a su trabajo en las plantaciones de algodón a cambio de ropa y vales, que no podían convertirse en dinero.
La masacre duró 45 minutos, pero las secuelas en los sobrevivientes duraron toda su vida, y ha sido catalogada como uno de los episodios más atroces sucedidos en Argentina durante el siglo XX. El cuerpo de policías asesinó a 423 habitantes: a los hombres se les mutiló o se les decapitó para colgar luego su cuerpo, mientras que las mujeres fueron violadas sexualmente. Aquellos que huyeron, se les persiguió por la serranía, pues se pretendía no dejar testigos. Afortunadamente, se estima que 38 niños y 15 adultos escaparon. La masacre se llevó a cabo en un espacio de control social implementado por el estado argentino que formaba parte de un sistema “concentracionario” de indígenas en las provincias de Chaco y Formosa. Un sistema de explotación basado en el trabajo indígena que funcionó entre 1911 y 1956 y llegó a tener reducidas a más de 7000 personas”.
En la reducción Napalpí las familias de las comunidades Qom y Moqoit vivían encerrados y en una situación de extrema miseria y hambre. En ese momento, Chaco era uno de los principales explotadores del algodón y los pueblos originarios eran prácticamente mano de obra esclava. Las reducciones eran unidades administrativas del Estado donde los miembros de los pueblos originarios eran explotados en jornadas de entre 12 y 14 horas en condiciones infrahumanas. Dentro de la Colonia Aborigen el terror se trasladó por generaciones. Por ejemplo, hubo ancianos y ancianas que no enseñaron el idioma Qom o Moqoit como una forma de protección a las nuevas generaciones. “El castigo había marcado lo peligroso que podía resultar ser indígena”.
Ante el suceso, los medios de comunicación se aliaron con el Estado para difundir que era un simple combate armado entre las comunidades indígenas y la policía. Por ejemplo, el periódico La Voz de Chaco público el 21 de julio de 1924 que ‘‘la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos cincuenta muertos’’.
La noticia era indignante porque no relataron los atroces asesinatos. En septiembre de ese año, el tema llegó a la Cámara de Diputados. El diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería de indígenas duró varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto ‘‘eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos’’. En cuanto al poder judicial, habló de sublevación: así aparece en la carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de Resistencia, la ciudad más cercana al evento: Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí. El documento reúne testimonios de los policías, por lo cual se elaboró para justificar sus acciones, entre ellas describieron que los indígenas realizaban actos de robo y atacaban a los colonos.
El silencio sobre el acontecimiento duró décadas hasta que, en 2008, Melitona Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria quedaron grabadas imágenes a fuego y sangre del trágico evento. Mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida. En cambio, apuntó que ‘‘Los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres’’ A partir de su experiencia, desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investigó, bajo la dirección del fiscal Ad Hoc Diego Vigay, la masacre como crimen de lesa humanidad, que significa actos contra una población sobre tortura, exterminio, persecución por motivos raciales, violación, y esclavitud sexual. Gracias a ello, en 2018, entrevistaron a otra sobreviviente de la masacre: la señora Rosa Grillo, quien logró salvarse con su madre. Sin embargo, su padre falleció y ella sostuvo: ‘‘Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón… No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento’’.
En septiembre de 2021, la jueza federal Zunilda Niremperger habilitó un juicio para investigar lo sucedido y buscar una reparación histórica para las comunidades qom y moqoit. Durante el proceso se expusieron testimonios escritos y orales de los sobrevivientes, además de investigadores que trabajaron en la reconstrucción de la memoria histórica del acontecimiento. Finalmente, el 19 de mayo de 2022, se dictó sentencia, donde Diego Vigay señaló que ‘‘La masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado’’. Además, se exhorta al gobierno argentino una serie de medidas para apoyarlos en servicios básicos como salud, educación y preservación de su cultura.
En 2008 el gobierno de la provincia del Chaco pidió perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924 en la llamada “Masacre de Napalpí” contra el pueblo Qom y Moqoit. En 2022 hizo lo mismo el gobierno nacional argentino. Finalmente la corte Suprema de Justicia de La Nación denegó la indemnización a los pueblos originarios pues “Los jueces consideraron que la Asociación Comunitaria Colonia La Matanza no acreditó tener la representación del pueblo de la etnia Toba”.
Elìas Almada – Correo electrónico: almada-22@hotmail.com
Fuentes: testimonios periodísticos del fiscal Diego Vigay y el sociólogo Marcelo Musante
