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Se conocieron esta semana las serias denuncias realizadas por el concesionario del depósito fiscal que funcionaba en el puerto de Concepción del Uruguay bajo el nombre de TPCU, una empresa privada que alquilaba un espacio dentro del predio portuario.
El empresario, hoy ex concesionario, José Uriburu, habló en Radio 9 con el periodista Hugo Barreto y realizó denuncias contra el administrador del Ente Portuario, Carlos María Scelzi, el ex titular del Instituto Provincial, Leonardo Cabrera, y también arremetió contra el fiscal de estado, Julio Rodríguez Signes, entre otros funcionarios. El empresario acusó de “corruptos, coimeros, ladrones”, y de tener vínculos con el narcotráfico a varios funcionarios y ex funcionarios señalando que está en marcha una causa judicial por estos hechos.
TPCU es una empresa privada, funcionaba en un inmueble del Estado Provincial, fue declarada en quiebra e inhabilitada por AFIP para operar como depósito fiscal, y el predio donde funcionaba está cerrado y bajo la custodia federal desde hace casi dos meses.
Según señala Análisis Digital, Julio Rodriguez Signes ha sido el primero en referirse al tema a través de un comunicado donde se señala que “Terminal Puerto de Concepción del Uruguay (TPCU) es la empresa a cargo del depósito fiscal con asiento en Concepción del Uruguay. Su actual titular es el señor José Uriburu”.
“Los depósitos fiscales son lugares operativos que habilita la Dirección General de Aduanas para la realización de tareas inherentes al almacenamiento de mercaderías bajo control de servicio aduanero”, detalló.
Y agregó el fiscal: “El inmueble donde funciona TPCU pertenece al Dominio Público de la provincia de Entre Ríos. Forma parte del puerto de Concepción del Uruguay, administrado por el Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay. En particular, el EAPCU otorgó a GTPCU un permiso de uso oneroso para que funcione como depósito fiscal. Es decir que TPCU, habilitada por Aduana, opera en un inmueble que es propiedad del dominio público de la Provincia de Entre Ríos”.
“La empresa TPCU viene registrando inconvenientes desde hace un tiempo. En una ocasión un administrador estuvo sometido a proceso penal por la presunta comisión de delitos federales. Posteriormente, sus empleados demandaron a la empresa por conflictos laborales y finalmente TPCU quebró, atento a la insolvencia para responder por los pasivos contraídos. El predio quedó clausurado e incluso con bienes y herramientas de terceros”, informó además.
Y agregó: “Para la Fiscalía de Estado de la Provincia el asunto reviste importancia desde diferentes puntos de vista: en primer lugar, el inmueble donde funciona la empresa quebrada, pertenece al Estado provincial, por lo que es muy probable que la empresa TPCU, hoy en quiebra, sea deudora del Estado provincial, lo cual se encuentra bajo análisis. Además, en oportunidad de concretarse medidas cautelares para asegurar el pago de las deudas laborales que registraba la empresa, se clausuró el lugar y fueron secuestrados vehículos y otros bienes de productores entrerrianos que se encontraban operando circunstancialmente en el lugar, lo que motivó el reclamo correspondiente, atento a que si bien TPCU es una empresa privada, funcionaba en un inmueble del Estado Provincial. Finalmente, y quizá lo más importante, es que a partir de la quiebra y la inhabilitación de TPCU para operar como depósito fiscal, nuestros productores y operadores de comercio de exterior, especialmente los que cargan contenedores, tienen que realizar sus trámites en Campana o Buenos Aires, lo cual causa enormes perjuicios”.
“El señor Uriburu dice haber formulado una denuncia penal en Concepción del Uruguay, a lo que se dará el trámite correspondiente. En cuanto a la Fiscalía de Estado compete, analizamos el probable perjuicio ocasionado a la Provincia de Entre Ríos, así como las vías para su reparación. Asimismo gestionamos la liberación del predio para que las empresas entrerrianas puedan realizar sus operaciones de comercio exterior aunque sea provisoriamente hasta regularizar la situación del depósito fiscal en la Provincia de Entre Ríos”, reveló.
Y completó al respecto: “La Comisión de Industria Arrocera del Centro Económico de San Salvador, pidió reiteradamente la intervención de la Provincia en el caso dado el pésimo servicio que prestaba la empresa. Además, equipos de algunos arroceros, especialmente de Marcos Smukler, quedaron dentro del depósito, secuestrados en la medida judicial”.
