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En la ciudad de Concepción del Uruguay, la semana pasada, se constituyó en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones, el Tribunal Unipersonal integrado por el vocal de Cámara, doctor Rubén Alberto Chaia, para dictar sentencia en una causa elevada por el Juzgado Garantías Nº 2, que tenía como imputado Cristian Amílcar Villaverde, de 32 años de edad, en orden al delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.
La causa fue llevada adelante por la representante del Ministerio Fiscal, doctora María Albertina Chichi, en tanto que el acusado fue representado por el defensor Oficial doctor Sebastián Arrechea.
El hecho que le fuera imputado consistió que el 11 de enero del 2021, OAP y DBB, le compraron al Villaverde un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, modelo 2010, por la suma de 480.000 pesos en efectivo, quien en ese momento les ofreció hacerle arreglar la cremallera dañada y luego entregárselo, suscribiendo con el mismo la compradora un boleto de compraventa y habiendo Villaverde firmado un formulario 08 por ante escribano, dándoles la documentación para que iniciaran la transferencia, negándose posteriormente Villaverde a entregarle el automóvil al denunciante y su pareja.
Fue así que en marzo de 2021 el comprador fue hasta su domicilio del acusado, ya que este le daría las llaves y le indicó que fuera a buscar el auto al domicilio de su ex pareja, lo que así hizo el denunciante pero el rodado no se encontraba en el lugar, tornando de tal manera imposible e incierto los derechos sobre ese bien en las condiciones pactadas, al haber retenido y ocultado el automotor.
Tras la IPP, la Fiscalía llevó el caso a juicio en el cual, luego de la presentación de las evidencias, solicitó una pena efectiva de 3 años y 3 meses de prisión efectiva, en tanto que la Defensa solicitó la absolución o, en su caso, que se aplique la pena mínima de modo condicional.-
Tras analizar el caso y los elementos presentados, el juez dispuso declarar a Cristian Amílcar Villaverde, autor material y penalmente responsable del delito de Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y condenarlo a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional debiendo cumplir distintas reglas de conducta por el tiempo de condena, entre ellas la de realizar trabajos no remunerados a favor del estado o instituciones de bien público.
