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Tras audiencia desarrollada este jueves por la tarde, todos los involucrados detenidos por la causa de estafa a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, recuperaron su libertad, pero seguirán supeditados a la misma.
Así se resolvió en la audiencia desarrollada en la Sala Penal del cuarto piso de Tribunales, presidido por la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero, la fiscal N° 3, Gabriela Seró, mantuvo los argumentos vertidos en la oportunidad de solicita la prisión preventiva, pero aportó nuevas evidencia surgidas a raíz de las respectivas declaraciones de los 8 detenidos, confirmando la representante del Ministerio Público Fiscal la veracidad de las mismas.
Como en la primera audiencia, estuvieron en sala los acusados de ser “coautores del delito de estafa informática”; Gabriela Salomón (BsAs), Nicolas Romero (BsAs), Ángel López (Misiones) y Armando Luís Carrizo (BsAs), todos representados por el doctor Sebastián Arrechea y la doctora Romina Pino (Def. Oficiales); Mariano Romero y Sergio Soruco, representados por el Estudio Jurídico José Ostolaza; Sofía Peirat y Pedro San Esteban, ambos representados por los doctores Miguel Cullen, reconocido penalistas y Anderson Lozano, especialista en Delitos Informáticos.
“Los perejiles”
El caso de la estafa al Municipio uruguayense, es sin dudas un tema sumamente complejo, que desde el inicio de la investigación, demandó numerosas y complicadas diligencias del personal especializado en Ciber Delitos, de la Policía de Entre Ríos.
Con el seguimiento de numerosas cuentas a nombre de los acusados, generadas pocos días antes y durante la millonaria estafa y en las cuales ingresaron montos entre 1,5 millones o más, registrándose movimientos realmente sospechosos, la Fiscalía recopiló gran cantidad de información que lleva a demostrar a esta altura la participación de estas personas, ordenándose la detención, la inmovilización de fondos y pedidos de embargos, de las cuentas que pertenecen en su totalidad a los imputados.
En sus indagatorias, estas personas, todas con trabajos o profesiones humildes que llamaba la atención que pudieran ser los “ciber-estafadores”, brindaron datos (nombres y apellidos) de quienes se habrían contactado con ellos para abrirles las cuentas, le tomaron los datos biométricos, le tomaron huella dactilar y le abrieron la cuenta en su celular, para luego usarlas para transferir los fondos robados al Municipio uruguayense.
Esto deja a la vista que se está ante una organización de funcionamiento piramidal, que comienza con los “cerebros” que organizan la estrategia informática para lograr el objetivo, a quienes le siguen los organizadores y reclutadores que captan a las personas para ponerles cuentas bancarias o billeteras virtuales a sus nombre, de manera de derivar por distintos caminos el dinero, los que en definitiva son los descubiertos como en este caso.
Estas personas enfrentan la posibilidad de una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión, por lo que podría llevar a una condena de cumplimiento condicional y hasta una Probation. Dado esto y sumado lo aportado en sus declaraciones, se dispuso la libertad con medidas, como ser no modificar el domicilio declarado, la prohibición de dejar el país y no contactarse con las personas que en su momento las “reclutaron” para llevar adelante la estafa y que ellos señalaron brindando los datos a la Fiscalía.
La investigación continúa, pero ahora con nuevos datos que tienen en su poder la fiscal Gabriela Seró, que podrían llevar a detectar a quienes están en la escala superior de estos imputados en la organización.
