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Según datos suministrados por la Camarco, la deuda de obra pública que heredó el gobierno de Frigerio asciende a más de 22.000 millones de pesos. De ese total, 15.000 millones se adeudan a las empresas del sector, 6.800 millones corresponden a deudas judicializadas por certificados vencidos y alrededor de 1.000 millones que debe la Unidad Ejecutora de la Provincia (UEP).
En este contexto, el mandatario entrerriano y su gabinete mantuvieron un encuentro con representantes de las entidades de la construcción para encontrar solución a este problema que afecta a miles de trabajadores del sector. Se acordó neutralizar durante 60 días (con posibilidad de prórroga) las obras que hoy se encuentran licitadas y adjudicadas y así poder analizar la situación cuidando a los trabajadores, a las empresas y a la salud financiera de la provincia. Se estudiará caso por caso para decidir a qué obras se les dará continuidad, con qué financiamiento contarán y qué obras se detendrán.
Además, se definió incluir una cláusula de adhesión para que aquellos municipios que así lo requieran puedan incorporarse a los mismos términos del acuerdo.
Laura Hereñú, presidente de la Delegación Entre Ríos de la Camarco, manifestó tras el encuentro, en conferencia de prensa: “La provincia, las empresas y los trabajadores somos rehenes de una situación que no es, ni ha sido, una decisión provincial, sino que es una cuestión del ámbito nacional y de condiciones macroeconómicas”.
Por su parte, Walter Doronzoro, secretario general de la Uocra en Entre Ríos, valoró el compromiso del mandatario entrerriano de buscar financiamiento para la ejecución de obras y subrayó: “Queremos trabajo digno y decente». También manifestó “la expectativa y las esperanzas” que tiene el sector y agregó: “El diálogo tiene que prevalecer y permitirá encontrar la forma de solucionar los problemas”.
