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El 23 de agosto el congreso nacional por medio de su cámara de diputados dio media sanción a la modificatoria de la Ley de Alquileres, teniendo como principales impulsores al bloque opositor de Juntos por el Cambio.
Este paso que ha dado parte de nuestro parlamento es sumamente preocupante para la sociedad, más aún para el sector de las juventudes, ya que es este grupo etario el que más se encuentra sufriendo no poder acceder a una vivienda propia, por ende se vuelca en el mercado de los alquileres.
Se han modificado diversos artículos de la Ley antes mencionada pero los que más interesan en este análisis o relato son dos:
1) actualmente los contratos de locación para vivienda de uso habitacional deben ser por el mínimo de tres años, en esta modificación que se pretende llevar a cabo se reduce a dos años desde la celebración del contrato. Para quienes queremos entablar y realizar un proyecto de vida desde cero, más aún para las juventudes, es muy importante la previsibilidad por ello se debería mantener la vigencia de que los contratos de locación de inmuebles para uso habitacional continúen en el plazo de tres años.
Además no es menor expresar el estrés, desorganización y desesperación que se produce cuando se vence el contrato y no se encuentra dónde vivir, más aún teniendo en cuenta la poca oferta de vivienda que encontramos en el mercado inmobiliario.
2) El aumento del pago mensual por el alquiler actualmente se da al año de celebrado el contrato y se realiza a través del cálculo del índice de Precios al Consumidor (IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), el cual es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de nuestro país. Con la nueva modificación de pretende disminuir a 4 meses y que el % a aumentar sea convenido en el inquilino y propietario, cláusula totalmente abusiva debido a que quienes alquilamos nos encontramos en total desventaja con quién es poseedor de un inmueble y queda supeditado a su antojo dicho aumento. Lamentablemente en ese escenario se podría volver a la famosa frase «este es el precio que vale, lo pagas o te vas, tengo a otras personas con posibilidades de ingresar».
Estamos ante un claro caso en que el Estado se retira de la regulación y deja libre albedrío al mercado para que realice sus operaciones a su antojo, sin embargo hay sectores que creemos en un Estado que debe garantizar la igual de oportunidades y generar una mayor equilibrio al momento de las negociaciones para particulares, como en este caso, para que no sucedan los tremendos abusos que se ven a diario, aún con la Ley de Alquileres vigente.
También debemos resaltar que una Ley escrita es un papel es solo una Ley, es ahí en dónde los mecanismos estatales fallan, no generando una correcta regulación y que no se produzcan contratos por fuera de la legislación. Podemos afirmar que la mayoría no cumple con lo establecido en la norma mencionada que se encuentra actualmente en vigencia. Vemos un Estado ausente en la discusión del acceso a la vivienda, ya que se retiró de todo tipo de discusión haciendo la vista gorda a través del lobby empresarial que solo busca enriquecerse a costa de los y las laburantes.
Por último, el déficit habitacional es terrible en nuestro país, por eso sería importante volver a los créditos hipotecarios a tasas bajas y subsidiadas para la construcción de viviendas propias. Más allá que actualmente el PROCREAR es una gran herramienta para lograr lo expuesto, sigue siendo insuficiente por su falta de federalismo real y corto alcance de aplicación.
Nicolás Muntes, dirigente de juventudes y Secretario de Formación Electo A.T.E. seccional Uruguay.
