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El 8 de junio de 1987 la legislación de la Argentina dio un paso trascendental al sancionar una ley que permitía la disolución del matrimonio, normativa que, al igual que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el matrimonio igualitario, fue fuertemente resistida por sectores conservadores y que otorgaba un marco legal a una situación que de hecho ya ocurría con frecuencia.
Tras una enorme campaña en contra por parte de la Iglesia y sectores conservadores del poder el 8 de junio de 1987 el Congreso Nacional sancionó la Ley 23.515, popularmente conocida como la Ley del Divorcio Vincular, que permitía la disolución de la unión conyugal y que entró en vigor cuatro días más tarde tras su publicación en el Boletín Oficial.
«Durante el debate en el recinto la Iglesia organizó muchas acciones en contra de la Ley, creo que hasta una procesión a Luján, algo muy parecido con lo que pasó hace unos años durante el debate por la IVE», advirtió la letrada y recordó que en ambos debates «se intentó instaurar el lema de que la aprobación de la ley era nociva para la sociedad».
«La realidad es que en los hechos la gente rompía el vínculo, no podía hacerlo legalmente, pero en los hechos se hacía y generaba que un montón de familias no tengan ese resguardo o marco legal que les otorgaba el casamiento, ni a las parejas ni a los hijos de las mismas», apuntó Dell Oro y señaló que «es algo muy difícil de imaginar a la distancia, pero a los hijos extramatrimoniales se los consideraba ilegítimos».
En este marco, las uniones entre personas que ya habían estado casadas eran frecuentes, eran parte del tejido social, pero sin un marco legal había «trámites, herencias y situaciones que no podían ser resueltas, por eso fue muy importante la sanción de la 23.515». FUENTE TELAM
