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En nota anterior publicada por 03442, dábamos datos sobre la complicación existente en materia de tiempo para realizar los juicios por jurados que se van sumando. Causas terminadas, esperan que se llegue a la etapa de debate, pero parte por la pandemia y otra por la falta de logística, esto se va demorando y los juicios esperan su turno.
En la Jurisdicción Uruguay, habría 11 causas a la espera, trascendiendo que de aquí a junio estarían programados 4 debates, lo que implicará sin dudas un gran esfuerzo, sin tener en cuenta los nuevos casos que irán llegando.
Ante la nota publicada, el coordinador de Juicios por Jurados y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones del Poder Judicial de Entre Ríos, Elvio Garzón, precisó que los cronogramas para la realización de Juicios por Jurados en cada jurisdicción los fijan las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) y afirmó que de esos organismos depende que se cumplan la mayor cantidad posible de procesos en un lapso de tiempo.
Invocó la necesidad de cumplir con el principio de “concentración” del Código Procesal Penal (CPP) “porque de su aplicación depende en gran parte la eficiencia”, quien además consideró que “de la optimización del tiempo, de los recursos humanos y económicos” de un juicio por jurados “depende también la eficacia del servicio de Justicia”.
Garzón comparó la ley de juicio por jurados de Entre Ríos, con otras promulgadas en diferentes provincias del país. Citó, como ejemplo, la ley vigente en Neuquén por la que el fiscal puede solicitar que un imputado sea juzgado por juicio por Jurados cuando la pena puede superar los 15 años lo que a su entender le asigna “al fiscal un súperpoder”
En otro orden, notó que esa norma tiene un grave problema: “Necesita 8 votos sobre 12 para declarar la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Y, puntualizó que, en cambio, la ley sancionada en Entre Ríos, exige un fallo unánime para declarar la culpabilidad de una persona, “lo que otorga al veredicto mayor solidez y legitimidad”, contrastó.
De todos modos, interpretó que los cuestionamientos a la ley de Juicio por Jurados de la provincia “son entendibles. Es materia de gustos y por eso puede ser opinable” aunque resaltó que su letra “es el resultado de una tarea consensuada por varios actores con un resultado altamente superador”, afirmó.
Finalmente dijo que este mecanismo “le asigna a la ciudadanía el derecho de intervenir en la administración de Justicia. Esto aporta más institucionalidad, transparencia y solidez”, dijo Garzón.
