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Pasaron seis años y ocho meses del crimen de la trabajadora Susana Beatriz Uran, muerta a raíz de las heridas sufridas cuando dos jóvenes la asaltaron para robarle el celular, hecho ocurrido a metros de plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay.
Por el caso fueron condenados el jueves 29 de junio 2017 dos menores de edad, en audiencia a cargo del juez Andrés Torres, imputados del robo en grado de tentativa y posterior homicidio.
Los dos jóvenes S.D.G. y J.J.S. (hoy de 24 y 23 años)) pero menores de edad al momento del hecho, fueron asistidos por la Defensora Técnica, Romina Alejandra Pino, en tanto que el Ministerio Público Fiscal fue a cargo del Juan Pablo Mariano Gile, y Carlos Fuentes como representante de la parte querellante.
Previo a esto, el 7 de noviembre de 2016 el mismo juez –actuando como Juez de Garantías- le dio legalidad al acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes donde el joven G. se responsabilizó del hecho como autor del delito de Homicidio en ocasión de robo, y el joven S. se responsabilizó como autor del delito de Robo agravado por el uso de arma.
El Juez de Menores, doctor Andrés Torres, luego de los alegatos brindados en aquella oportunidad aplicó tres años y cuatro meses de prisión para G. y un año y siete meses de prisión en suspenso para S.
Pasó el tiempo y la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó parcialmente la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 en ciudad por el Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N° 1, doctor Andrés Torres, recordándose que el fiscal de la causa Juan Pablo Mariano Gile, entendió que el magistrado no se valió del monto mínimo que establece la pena en razón al delito por el cual se los juzgó.
Así fue que ña defensora oficial Romina Pino, apeló la medida de cumplimiento efectivo de la pena y su reclamo llegó a instancias del Superior Tribunal de Justicia, donde no se hizo lugar a su pedido y confirmó el fallo de la Casación.
Al ser confirmada parcialmente la sentencia, la responsabilidad para dictar un nuevo monto de pena, el cual deberá ser mayor al aplicado en aquella oportunidad, será el juez de Familia de la ciudad de Colón, doctor Dante Command, quien tendrá esa responsabilidad, ya que la flamante jueza de Familia de Concepción del Uruguay, Celina Ansaldi, se debió excusas por haber tenido vinculación a la causa cuando se desempeñaba en el Copnaf.
Esta designación del doctor Command, no había sido notificada aun al magistrado pero la misma ya era inminente para las próximas horas, por lo que este deberá analizar el caso y ver como transcurrió este tiempo respecto a la conducta de ambos implicados.
Como fue el hecho
