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La Justicia de Concepción del Uruguay, definirá el jueves 5 del corriente si hace lugar o no a la apelación presentada por la defensa del profesional acusado de los aberrante hechos en perjuicio de menores de entre 9 y 4 años de edad, ocurridos por el año 2001.
Enrique Bares es psicólogo y docente en Psicología, profesor de grado en las Facultades de Psicología y de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También en ejercer maestrías la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la UTN Facultad Regional Rosario. Fue secretario académico y secretario general de la UNR.
Bares fue denunciado en Concepción del Uruguay, causa que estuvo en principio en manos del entonces fiscal, doctor Fernando Martínez Uncal, pero al pasar a ocupar un cargo de Vocal de Cámara, el caso quedó en manos de la fiscal Nº 3, doctora Gabriela Seró.
Días pasados se desarrolló audiencia ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, donde la defensa intentó que se declaren a estos delitos como prescriptos, ya que se trata de hechos que ocurrieron hace veinte años, cuando las víctimas eran menores de 9, 6 y 4 años.
Tras la diligencia el rechazó la solicitud, basándose en las leyes vigentes, medida que fuera apelada y será la vocal Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Concepción del Uruguay, la que resolverá la cuestión el jueves por la mañana.
Consultadas fuentes judiciales tra trascender o que estaba ocurriendo, confirmaron que Barés venía en esos tiempos a Concepción del Uruguay, ya que tenía amistades y daba clases en la UTN.
Con el correr de los años, las hijas de la familia amiga que ya eran mayores, sufrieron un severo impacto emocional, al encontrarse casualmente con este sujeto y pese a los duros recuerdos, lograron vencer los temores y decidieron contar lo que les había ocurrido, llevando esto al inicio de la causa penal en el 2019, surgiendo con el tiempo la novedad de que este individuo también había abusado de la hija de quien fuera su pareja en Concepción del Uruguay.
Lobo con piel de cordero
Como se señalaran al inicio de la nota, Enrique Barés desarrolló su carrera en distintos establecimientos o instituciones, ocupando uno de sus cargos como secretario académico de la UNR.
Paradójicamente, este individuo acusado hoy por semejantes hechos aberrantes que salieron a la luz, fue quien en ese cargo, allá por el año 2012, recibió en el Rectorado a miembros del Centro de Estudiantes y a la hermana de una niña de 13 años (estudiante) abusada en agosto de ese año en el establecimiento, por parte de otro alumno.
Barés, de quien nadie pensaba lo que había detrás, indicó a los concurrentes que iniciaron una «investigación sumaria» sobre el hecho denunciado, y prometió brindar apoyo profesional a la víctima y a sus familiares.
Primero había dicho que las autoridades del Politécnico habían ofrecido esa posibilidad, pero los estudiantes lo desmintieron.
«Nos indigna que nadie asumió responsabilidad institucional, porque cuando la familia se acercó a la escuela, allí se enteró de que las autoridades ya sabían lo ocurrido y nadie había avisado. Tuvimos que hacer esta marcha para obtener una respuesta, y pretenden mentirnos al decir que no hubo ocultamiento institucional de la violación, cuando sí la hubo», señalaron dos alumnas a la salida de esa reunión. Señala Pagina 12
La causa actualmente está bajo el Legajo 4451/19, que fuera caratulado “Barés Héctor Enrique s/ abuso sexual gravemente ultrajante”.
A Barés se lo acusa de “iniciarlas prematuramente en la vida sexual, corrompiéndolas, pervirtiéndolas, alterándolas psíquica y moralmente y desviando los cauces naturales del desarrollo sexual de las niñas”.
Desde ese momento se fueron llevando a cabo diferentes diligencias y desarrollando medidas de prueba, como testimoniales vitales para el caso, incluyendo la declaración de quienes son las víctimas, que sufrieron los abusos en circunstancias en las que Barés se aprovechaba de su situación y la confianza.
La Defensa planteó la prescripción de los hechos, intentando que el juez disponga la extinción de la acción penal por el paso del tiempo, ya que teniendo en cuenta que los hechos fueron entre 2001 y 2003, estos a su criterio prescribían a fines del 2015.
Como era de esperar, la fiscal Gabriela Seró se opuso terminantemente a esta solicitud, ya que de hacerle lugar se estaría interpretando de manera irrazonable la Constitución y los Tratados con jerarquía constitucional que la integran, agregando que al existir una causa legal prejudicial se suspende la prescripción hasta la mayoría de edad de las víctimas.
La representante del Ministerio Público Fiscal dijo también que la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos ya estaban plenamente vigentes al momento de los hechos imputados.
La fiscal Seró enfatizó que la propia condición de niñas impidió a las víctimas denunciar los hechos cuando se produjeron. Tuvieron que pasar varios años e ingresar en la vida adulta para advertir que se trataban de abusos sexuales y poder dar testimonio y denunciar.
Fue así que al juez de Garantías, Gustavo Díaz, luego de analizar los alegatos, decidió no hacer lugar y procedió al rechazo el pedido de prescripción, por lo que ahora resta esperar lo que suceda el jueves 5 del corriente en los Tribunales de Concepción del Uruguay, cuando se realiza la audiencia de apelación presentada por la Defensa, la que será presidida por la vocal, doctora Evangelina Bruzzo.
