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La Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso este viernes por la mañana, modificar las condiciones de detención de José Eduardo Almada, comerciante que se encuentra acusado de amenazas calificadas, efectuadas a inspectores municipales, en oportunidad de ser desalojado su carrito de comidas en esquina de Peatonal Rocamora y Leguizamón, pleno centro de Concepción del Uruguay.
Almada, de 71 años, se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 4, luego de que se revocara la prisión domiciliaria, dictada al inicio de la IPP, la cual violó y fue encontrado por la Policía fuera del domicilio sin la autorización o motivo alguno.
Los hechos
Como fuera informado oportunamente, José Eduardo Almada, era dueño de un carrito de comidas rápidas que había instalado en un utilitario en el centro de La Histórica, pero con el correr del tiempo, fue agregando más servicios, sillas y mesas, llegando a ocupar dos sectores de estacionamientos con vehículos comerciales y una importante superficie de esa esquina en la Peatonal Rocamora, sin que nadie le pusiera límites y generando diferentes reclamos.
Esto finalmente derivó en la intervención municipal, que dado que no contaba con autorización legal, dispuso el desalojo, lo que se desarrolló con colaboración policial, oportunidad que Almada resistió el accionar de los agentes y comenzó a amenazarlos, lo que llevó a su detención.
De vuelta a la domiciliaria
EL representante legal del acusado, el doctor Ernesto Figún, se presentó nuevamente ante la Justicia, para solicitar se revea la situación de su cliente, ofreciendo un cuidador y nuevo domicilio para que este hombre de 71 años, de quien dicen presenta problemas de salud, pudiera salir de su alojamiento en la UP4, ofreciendo a un amigo del mismo, conocido comerciante de la ciudad, quien se puso a disposición y responsable de que Almada cumpla con la orden judicial.
Es así que se realizó audiencia en torno al caso, interviniendo el fiscal auxiliar actuante en la IPP, doctor Diego Rueda y el defensor Figún, que expuso sus argumentos.
Fue el juez, doctor Gustavo Díaz, quien finalmente hizo lugar y dispuso la prisión domiciliaria del imputado bajo custodia y responsabilidad de la persona ofrecida por la Defensa y en un domicilio que no podrá abandonar bajo ninguna circunstancia, pudiendo revocarse la medida si incumpliera lo dispuesto.
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