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El exmandatario sostiene que los principales problemas de la provincia son el déficit fiscal y la deuda. Por qué se alejó del PJ y la critica a la ‘omertá’ sobre la corrupción.
Mario Moine desplegó una hoja larga ante la cámara de la notebook: “Son 90 centímetros y faltan algunas direcciones, secretarías y subsecretarías”. Era el organigrama del Estado entrerriano. El exgobernador lo mostró para resaltar el crecimiento de los cargos de conducción. En su gobierno (1991-1995) había 250 funcionarios mientras que actualmente son 700, destacó. “La administración pública se convirtió en una agencia de empleo de la clase política”, criticó este jueves en la charla virtual organizada por la Usina Desarrollista de Entre Ríos.
La conferencia giró en torno a la reforma del Estado y los desafíos para el desarrollo de la provincia, pero Moine aprovechó para explicar en qué consiste su nuevo proyecto político y los motivos que lo llevaron a alejarse del Partido Justicialista (PJ). “Me resultó indignante la designación como embajador de Israel de un hombre que estaba procesado en siete causas”, planteó, en referencia al exgobernador Sergio Urribarri.
La corriente política que lidera, explicó Moine, se llama Entre todos Entre Ríos y está conformada por otros peronistas desencantados con la estructura partidaria, como el exsenador nacional Augusto Alasino y el exintendente de Gualeguaychú Luis Leissa. Ambos acompañaron a Moine en la charla virtual. El eje del nuevo espacio, según el exmandatario, se resume en la sigla DEC: decencia, ética y compromiso con el bien común. Todos los que lo integran, aseguró, se alejaron del peronismo por la escala de la corrupción, tanto a nivel nacional como provincial.
“Cuando hablamos de corrupción no podemos generalizar —matizó el exmandatario—. No son muchos, son unos pocos, pero el silencio de unos cuantos hace que sea muy preocupante”. Moine reivindicó que exlegislador peronista Daniel Ruberto haya hablado esta semana en una entrevista con el semanario Análisis sobre la causa de los contratos truchos en la legislatura provincial. “Ruberto rompió la omertá, el silencio tipo siciliano”, subrayó. Y resaltó que le había resultado “muy grato” que el exdiputado haya tenido “la vergüenza” de decir que no debería haber firmado algunas cosas. La causa investiga el desvío de fondos públicos a través de contratos apócrifos de la legislatura provincial entre 2008 y 2018. Los peritos calcularon que el desfalco equivale a 1.111.871.715 de pesos a valores de marzo de 2021.
El problema es el déficit
El sobredimensionamiento del Estado es el principal problema para el desarrollo de la provincia, advirtió Moine. “Hemos llegado a semejante fracaso, después de casi 40 años de democracia, por el déficit estatal permanente, que se financió con endeudamiento internacional y local”, argumentó. La deuda, según el exmandatario, es un gran condicionamiento para el futuro de la provincia. “Tenemos que afrontar 730 millones en los próximos seis años, es impagable”, sostuvo.
Para reducir el gasto y alcanzar el superávit operativo, Moine propuso limitar los ingresos de nuevo personal. Indicó que cada año se jubilan entre 1.500 y 2.000 empleados públicos, por lo que en ocho años la planta se reduciría de 87.000 a 75.000 con este mecanismo. Y aun así sería un número considerablemente superior a los 45.000 empleados que había en 1995, cuando Moine dejó la Casa de Gobierno. La población creció entre 1995 y 2021 un 40% mientras que el personal del sector público aumentó en un 93%, según los cálculos del exgobernador. El resultado es que Santa Fe tiene 39 empleados públicos cada 1.000 habitantes, mientras que Entre Ríos 58, cuestionó.
Moine destacó la política que comenzó el gobernador Gustavo Bordet en 2017 para restringir el ingreso de personal a la administración pública. “Lo cumplió y fue disminuyendo poco a poco la planta de personal, pero en las designaciones políticas se ha excedido. Y bastante”, cuestionó. El exgobernador considera que el mejor camino es “continuar el trabajo de Bordet, respetando la estabilidad del personal”.
Con respecto a la Caja de Jubilaciones, advirtió de que si no se realizaran cambios, en 2030 habría tantos jubilados como empleados públicos. Es una relación muy desventajosa, consideró y aseguró que el ratio óptimo es de un pasivo cada tres activos. Admitió que cualquier cambio va a exigir un sacrificio de la sociedad, pero que lo ve como la condición para que la provincia sea viable. “Si es viable, nos va a devolver el esfuerzo en progreso y desarrollo”, sostuvo.
Es imposible que la provincia afronte la deuda con el perfil de pagos actual, según el exgobernador. El monto de los desembolsos aumenta en forma pronunciada a partir de 2023: si en 2022 es de 25 millones de dólares, al año siguiente asciende a 129 millones, alertó. La mejor opción para la Entre Ríos, según Moine, es que el gobierno nacional se haga cargo de la deuda de la provincia y la financie a 25 años. “Es posible que Bordet sea recordado por 20 años por el condicionamiento de la deuda externa. Ahora, si logra que el Gobierno nacional la tome, me saco el sombrero”, apuntó.
Profesionalizar el Estado
Un pilar del nuevo proyecto de Moine son sus equipos técnicos, un grupo de alrededor de 40 profesionales que conforman su think tank. El foco principal de su trabajo, por el momento, es la economía. Los equipos estan estudiando tres ejes, explicó: el sector público como prestador de servicios, el rol del Estado en la economía y los vectores para el desarrollo de la provincia.
La primera obligación del Estado es proveer servicios básicos, definió Moine, como educación, salud, seguridad, justicia, vivienda, cultura y medioambiente. Por eso consideró fundamental que la administración pública sea conducida por empleados de carrera, capacitados y preparados para los cargos que ocupan. Algo que no ocurre en la actualidad, según el exgobernador, porque numerosas direcciones son ocupadas por cuadros políticos.
El think tank de Moine está analizando los organigramas del Estado. No solo la admininistración central, aclaró el exgobernador, sino también los entes descentralizados, como el Instituto del Seguro, el Instituto Portuario, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), el Ente Túnel Subfluvial, el IOSPER, el Tribunal de Cuentas y ENERSA. “Si fuera por nuestra decisión, intervendría ENERSA”, delcaró. Para el exmandatario, el papel de la compañía eléctrica es central ya que las tarifas elevadas son un lastre para las empresas de la provincia. “No puede haber cinco síndicos que ganan 300.000 pesos. ¿Cómo no va a tener un costo energético tan caro?”, criticó y precisó que la tarifa es un 30% mayor que en Santa Fe y un 60% más alta que en Corrientes. Moine propuso una auditoria profunda en la compañía. Un esquema que, señaló, debería replicarse en la obra social de la provincia.
Unos 2.000 empleados públicos cobran más que el gobernador, afirmó Moine. “Hay una anarquía salarial en el Estado”, criticó. No todos los estatales tienen sueldos elevados, pero hay una gran dispersión tanto en los sueldos como en la jubilaciones, explicó el exgobernador y planteó la necesidad de definir una escala salarial unificada para todos los poderes del Estado y los entes descentralizados.
Moine calificó a algunos sectores del Estado como “autoprivilegiados”. Y lo ejemplificó con números. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero no las evitó. Los empleados del sector públicos trabajan un 33% menos de horas a la semana que los asalariados privados, tienen hasta un 40% más de licencias y vacaciones, se jubilan cinco años antes y con el 82% móvil, decribió Moine. “Esto da una jubilación promedio en el sector público de 59.000 pesos mientras que en la actividad privada el promedio es 25.000 pesos”, completó.
La reforma del Estado fue una de las políticas más importantes y recordadas del paso de Moine por la Casa de Gobierno entre 1991 y 1995. Durante su mandato se privatizaron el Banco de Entre Ríos y la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER). Moine impulsó además una reducción de personal con base en la ley 8.706. Fue una norma controvertida y resistida por los sindicatos. El 19 de febrero de 1993, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia declaró inconstitucional el artículo 2 de la ley y ordenó la reincorporación de 2.605 empleados públicos que habían sido despedidos.
El rol del Estado y los vectores para el desarrollo
El Estado debe participar en la economía para promover la actividad privada, afirmó Moine en la charla. Entre las herramientas con las que cuenta, destacó, están la política energética, la política tributaria y la inversión infraestructura. Entre las obras que considera prioritarias, el exgobernador mencionó los caminos rurales, los puertos y los parques industriales. Aunque alertó de que es imposible que el Estado aumente la inversión si no recupera el equilibrio presupuestario. “Necesitamos un superávit que le permita jugar en la economía entrerriana”, concluyó.
A pesar de la coyuntura económica, Moine se mostró optimista. Aunque admitió que la política cambiaria, la inflación, la elevada tasa de interés y la caída de los salarios reales eran una mala noticia para el desempeño de la economía nacional, destacó que la provincia tiene buenas perspectivas. “La riqueza fundamental de la provincia procede de la actividad agropecuaria y agroindustrial, que está tocando los mejores precios de los últimos 10 años. La soja cerró en 550 dólares por tonelada, y el maíz en 250. Cualquiera de los precios que hacen a la economía entrerriana están andando bien”, fundamentó.
Moine suavizó el optimismo cuando planteó que la agricultura genera muy poca mano de obra y, por eso, propuso el fomento de actividades agroindustriales y de mano de obra intensiva, como la avicultura, el arándano y la citricultura. “La avicultura genera 22.000 puestos de trabajo en la provincia”, señaló. Más allá de la agroindustria, Moine destacó otros sectores con potencial, como la economía del conocimiento, el turismo y la industria en general. “Tenemos 269 empresas metalmecánica que ocupan 3.100 personas, tenemos mucho para crecer en el sector”, sustuvo. Para que las PyMES contraten más personal, apuntó, es necesario flexibilizar el régimen laboral.
Vocación frentista
La expectativa de Moine es llegar a 2023 con un proyecto político armado, con un partido y propuestas. Reivindicó, sin embargo, la vocación frentista de su proyecto y apuntó como posibles socios a la Unión Cívica Radical, el Pro, el GEN y el Partido Socialista. Dentro del frente, planteó, las candidaturas deberán definirse en forma democrática: “Vamos a las PASO”.
La diferencias ideológicas seguirán existiendo, aclaró Moine, pero la gravedad de la crisis del país torna innecesarias ese tipo de discusiones. “Estamos en un pozo muy profundo”, alertó y enfatizó la importancia del diálogo con otros partidos, con el sector privado y la sociedad en su conjuto.
Moine aseguró que no va a ser candidato. Y que tampoco tienen aspiraciones electorales los referentes más conocidos de su espacio, como Alasino y Leissa. “Buscamos gente joven, venimos a volcar nuestra experiencia”, declaró. La condición principal, opinó Moine, es que el candidato a gobernador conozca todas las problemáticas de las provincias y esté preparado.
Para el exgobernador, no tiene sentido armar un espacio político sin un proyecto claro y que solo tenga fines electorales. “Si vamos a buscar tan solo ganar las elecciones, en las condiciones que está la provincia, tanto por la deudas externa contraída y el déficit de la Caja de Jubilaciones, más bien dejemos ese tiempo para compartirlo con nuestros hijos o nietos”, remató.
La charla La profesionalización del Estado y los vectores para el desarrollo de Entre Ríos fue la tercera conferencia virtual organizada por la Usina Desarrollista de Entre Ríos, un proyecto impulsado por la Fundación para el Desarrollo Entrerriano (FUNDER) y el portal visiondesarrollista.org.
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