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A días de cumplirse tres años del trágico siniestro del ARA San Juan, el contraalmirante Enrique López Mazzeo, imputado en la causa, reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Mauricio Macri sabía en qué posición se encontraba el navío siniestrado con sus 44 tripulantes. Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El Gobierno de Mauricio Macri conocía la ubicación del siniestrado submarino ARA San Juan, al menos desde el 5 de diciembre de 2017. Es decir 20 días después de su desaparición. La posición la habría revelado el buque chileno Cabo de Hornos. Así lo dijo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío.
La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias.
El ex oficial declaró ante el tribunal superior integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra (presidente), Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman para defenderse del procesamiento que el 31 de enero pasado le dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, por no haberse asesorado debidamente ni ocuparse personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.
Las palabras exactas de López Mazzeo ante los magistrados fueron las siguientes: “Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”.
Es la primera vez que se reconoce públicamente que el “contacto” que a través del sonar (sonido, no imágenes) realizado por el buque chileno pertenecían al ARA San Juan.
Las razones son varias: en primer lugar porque el capitán Enrique Balbi, por entonces vocero de la Armada, descartó esa posibilidad.
Ese mismo 5 de diciembre, al que hizo referencia López Mazzeo, la cara visible de la Marina dijo en conferencia de prensa: “No hay mayores novedades”, respecto de la búsqueda del submarino. Y agregó: “En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros”.
Balbi también explicó que el objeto tenía solo 30 metros de largo y que el ARA San Juan tenía una dimensión mayor.
Sin embargo, cuando un año después el buque noruego Seabed Constructor, operado por la empresa norteamericana Ocean Infinity, lo halló en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno, por efecto de la presión, el submarino tenía esa dimensión, 33 metros.
El segundo punto que llama a la indignación es porque, dada la profundidad en la que se encontraba, la zona debía ser explorada por un vehículo submarino autónomo. La armada británica, que formó parte de la búsqueda y rescate con el imponente rompe hielo HMS Protector, se ofreció a realizar la tarea. Sin embargo, la Armada Argentina, en ese momento a cargo del almirante Marcelo Srur, nunca autorizó esa búsqueda.
En este punto, existe una controversia que por ahora no fue saldada. López Mazzeo sostiene que Srur, su jefe directo, nunca le dio la autorización para que los ingleses realicen la tarea que podría haber terminado con el hallazgo de los restos del submarino a 20 días de su desaparición. Lo sostuvo en su declaración indagatoria.
El ex jefe de la Marina, en cambio, dice que al enterarse del hallazgo del Cabo de Hornos, y la recomendación realizada por la propia armada de los Estados Unidos para que se explore esos cañadones, asegura que ese 5 de diciembre, efectivamente se le solicitó la utilización del ROV. Que por esa razón informó al Ministerio de Defensa, que estaba a cargo de Oscar Aguad, a través del entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Aldo Chighizola.
El funcionario le habría dicho que tenía que solicitar autorización a Cancillería, por tratarse de Gran Bretaña, la potencia con la cual Argentina mantiene su disputa internacional por la soberanía de las Islas Malvinas.
Siempre según relatan en el entorno de Srur (que hasta ahora no está imputado en la causa), Chighizola obtuvo la autorización política para que la Marina Británica inicie la exploración en el área señalada por el buque Cabo de Hornos. En este punto, fuentes vinculadas a Srur le dijeron a Infobae que el ex jefe de la Armada de manera telefónica le dio el aval a López Mazzeo, pero que sin embargo este “por razones que deberá explicar no intensificó la búsqueda en ese lugar”.
“En caso de confirmarse lo que dijo López Mazzeo ante el tribunal estamos frente a un escandalo sin precedentes”, le dice a este medio la abogada Valeria Carreras, quien junto a Fernando Burlando integran la querella mayoritaria y que han impulsado, incluso, las imputaciones en la causa del ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Aguad, y del ex jefe de la Armada, Srur.
La solicitud contó con el acompañamiento del fiscal de Cámara y ahora será el tribunal quien deberá decidir si acepta o no las nuevas imputaciones solicitadas.
Carreras recordó también que durante su declaración indagatoria, realizada el 25 de noviembre de 2019 ante la jueza Yáñez, López Mazzeo dijo: “Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su Jefe en aquellos momentos, así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes -movidos por intereses personales- causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados. Se extendió en forma inaudita la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval, a la que pertenezco junto con mi propia familia, al negarles, durante todo el tiempo en que veladamente se discontinuó con la búsqueda del ARA San Juan, el derecho a un duelo de sus seres queridos, muertos en acto de servicio”.
“Legalmente la declaración de López Mazzeo obliga a realizar una causa aparte, por el ocultamiento y la complicidad que venimos denunciando siempre, pero desdobla la causa en dos porque no hay que olvidar que se debe determinar quienes son los responsables de las 44 muertes”, afirma la querellante y precisa: “En ese segundo expediente deberá investigase a los responsables de semejante ocultamiento, de las contrataciones a empresas de búsqueda, del beneficio que trajo la saga de cargos, gastos, y movidas para seguir tapando la verdad. Especialmente habrá que analizar, quienes estaban en conocimiento de la ubicación de los restos del submarino”.
El procesamiento fue el 31 de enero de este año y se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.
El posible hallazgo del ARA San Juan los primeros días de diciembre de 2017 se vio reflejado en la prensa y en la propia armada trasandina que reprodujo las declaraciones del Capitán de Navío César Miranda, comandante del buque Cabo de Hornos, quien señaló: “En el marco de las incesantes labores y de los múltiples contactos establecidos, realizamos un hallazgo de un objeto a 940 metros de profundidad a través de los ecos del buque. Aún resta que la Armada Argentina, con apoyo del buque ruso Yantar y un robot submarino, precise la naturaleza del objeto detectado, pero de todas formas estamos orgullosos del largo y sacrificado trabajo efectuado para apoyar a un país amigo”.
El Yantar efectivamente exploró la zona. La Marina Rusa nunca comunicó los resultados en la amplia zona que barrió. Por su parte, la Armada Argentina aseguró que ninguno de los “contactos” detectados por el Yantar o el Cabo de Hornos eran del ARA San Juan. Sin embargo, las palabras de López Mazzeo ponen en duda esas afirmaciones y aviva las especulaciones que detrás de la posterior búsqueda del submarino, existió un posible negocio económico.
De hecho, el anuncio del hallazgo del ARA San Juan, el 17 de noviembre de 2018, despertó en su momento suspicacias, sobre todo porque el buque Seabed Constructor dejó para su último día de rastrillaje la zona que había señalado un año antes el buque Cabo de Hornos y que las Armadas de Reino Unido y los Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad.
“Si la Armada lo sabía, si Aguad lo sabía, si Macri lo sabía, ¿por qué fingir la búsqueda y contratarla?», se pregunta ante este medio Burlando, e intenta aproximar una posible respuesta: “Mentiras, traición, corrupción, espionaje, pérdida de vidas, de esperanzas, y mucho más, en eso se transformó la causa por el hundimiento del ARA San Juan. Lamentablemente es una investigación inconexa y una trama que ni en ficción se puede reproducir. El gran final de toda esta insensatez es el último dato de que ‘aparentemente’ se conocía la ubicación del submarino. Es una gran locura, una gran traición que solo puede justificarse en las almas negras de la corrupción o del afano ¿Cómo se le puede mentir a una madre, a una esposa a una mujer en una situación así?”.
La querella representaba por Burlando y Carreras le adelantó a Infobae que impulsarán a la Justicia para que, a través de distintas medidas de prueba, los dichos de López Mazzeo, uno de los seis imputados en el expediente, sean ratificados y desmentidos.
Fuente INFOBAE
