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Tras la media sanción en la Cámara Baja provincial a la Ley de Paridad de Género, el diputado Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos) aseguró que la iniciativa “legisla en contra de las mayorías” porque, además de los tres Poderes del Estado y de los partidos políticos, alcanza a las asociaciones civiles y sociedades comerciales, y se manifestó “a favor de la idoneidad por encima de la paridad” para ocupar cualquier cargo.
Las principales críticas al proyecto, que pasó a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva, son que “contrapone el interés del conjunto de la ciudadanía con el de la participación de algunas mujeres” en cualquier ámbito, y que “resalta la mera cuestión del género por encima del atributo de la idoneidad de una persona” como “único requisito objetivo” de acceso a los cargos públicos, tal como lo expresa la Constitución Nacional (art. 16º).
“La norma que se quiere aprobar legisla en contra de las mayorías y vulnera libertades amparadas constitucionalmente”, advirtió Mattiauda y en ese sentido mencionó la injerencia que tendrá, particularmente, sobre la conformación de las instituciones civiles y sociedades comerciales afectando la libertad de asociación y de contratar.
“Es una Ley que satisface a quienes quieren participar en espacios de responsabilidad, pero no a la mayoría de las personas, porque no resuelve los problemas generales y muchas mujeres están preocupadas por temas más importantes para su vida diaria”, remarcó el integrante del interbloque Cambiemos.
Agregó que en cualquier tipo de espacios de responsabilidad “siempre es bueno tener a los mejores, sin importar su género”, y destacó que las políticas de paridad “son admisibles” en la medida que también “permitan asegurar la idoneidad” para la función que se desempeñará.
En el caso de cargos públicos, la Ley limitará al Gobernador al momento de armar su gabinete porque tendrá que elegir la misma cantidad de hombres y de mujeres para su conformación y no a los más idóneos y capaces para la función, sin importar el género. “La designación de quienes lo acompañan constituye una facultad exclusiva del Gobernador de la Provincia, que surge de la propia Constitución de Entre Ríos, por lo que el Poder Legislativo no podría inmiscuirse en dichas prerrogativas que pertenecen a su ámbito de reserva”, explicó Mattiauda.
“El Estado podría llegar a regular una paridad de géneros con relación a los cargos que deberán cubrirse en el ámbito de actuación de sus distintos órganos, siempre que garantice el único requisito de acceso como lo es la idoneidad, que nunca puede ser desplazado o anulado por condiciones subjetivas basadas en las particularidades personales de los aspirantes”, remarcó. Y aclaró que no está en contra de la integración de las minorías en el ámbito estatal “en la medida que eso se compatibilice con la acreditación de la idoneidad”.
Asimismo, el legislador cuestionó la injerencia que la norma tendrá en la conformación de personas jurídicas privadas. “Es un exceso del Estado querer regular en paridad de género esa composición porque atenta contra la libertad de asociarse libremente para desarrollar una actividad; se puede intervenir en el ámbito estatal pero no en la esfera privada”, precisó.
“Imponer a los actores de la vida civil la incorporación de un principio de paridad de género, sin su consentimiento expreso, equivale a atentar contra el derecho a la libertad de asociación, reconocidos tanto por la Constitución Nacional como la de Entre Ríos”, puntualizó y decidió no acompañar el proyecto.
