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Un grupo de internos de la Unidad Penal 1 (UP1) elevaron una nota a organismos de derechos humanos solicitando su intervención para que se rehabiliten los procesos de resocialización que prevé la legislación. Apuntan a que de lo contrario “todo el esfuerzo que podamos hacer para nuestra futura reinserción en la sociedad como sujetos sociales útiles se desmorona”, según reza la nota presentada. También reclamaron mejoras en el funcionamiento. Hace dos semanas, un grupo de familiares de detenidos también reclamó por las salidas sociolaborales y familiares.
“Desde el inicio de las restricciones de circulación a nivel nacional en el mes de marzo del corriente año, el curso de las tramitaciones que hacen al régimen progresivo de la pena según lo establecen las leyes pertinentes, se ha visto prácticamente detenido. Todas las solicitudes de beneficio, que quedan a criterio del juzgado a cargo, han sido congeladas, bajo la razón de las limitaciones de personal que no puede estar presente por las restricciones a la circulación”, consignaron.
Además, señalaron que como alternativa “podría recurrirse más ampliamente a medios tecnológicos como la comunicación virtual, por lo cual no vemos razón para que los trámites, ya de por sí con gran demora respecto a los plazos legalmente establecidos, no sigan su curso regular”.
La finalización de esos trámites relativos a todo tipo de beneficios que implican salidas al exterior “no tiene que significar por correlato inmediato la puesta en práctica de las resoluciones favorables, ya que somos conscientes de las limitaciones que afectan a toda la sociedad. Lo que nos preocupa particularmente, y añade una cuota de pesar a nuestra situación, es la incertidumbre de no saber cuándo y en qué forma serán resueltas nuestras solicitudes”, expresaron.
“Entendemos la situación que atraviesa el país en materia sanitaria porque somos parte de la sociedad, aunque algunos sectores de la misma no nos consideren como tal. Pero esperamos que las autoridades judiciales sean coherentes con las ideas y principios plasmados en la legislación vigente”, reclamaron, apuntando al principio que mueve “todo el sistema penal: la resocialización. Si no tenemos a la vista el incentivo de obtener algunos beneficios (como la libertad condicional por ejemplo) todo el esfuerzo que podamos hacer para nuestra futura reinserción en la sociedad como sujetos sociales útiles, se desmorona”, razonaron.
Por eso requirieron “a los organismos de derechos humanos, ya sean de orden estatal o de la sociedad civil, que actúen como contralores de la atención y vigencia de los mecanismos contemplados en las leyes, que reconocen nuestros avances orientados hacia nuestra reintegración a la sociedad. No estamos solicitando nada extraño al paradigma criminológico que guía la legislación penal nacional”, precisaron.
“Estamos solicitando que esas ideas dejen de ser solo ideas y buenas intenciones y pasen a ser prácticas consuetudinarias, objetivo que precisa en primera instancia de la agilización de todos los trámites actualmente demorados o totalmente detenidos”, remarcaron. Un planteo similar fue llevado por un grupo de familiares de detenidos en la UP1 a los Tribunales la semana pasada y la anterior. La respuesta oficial fue el anuncio de un plan de visitas que finalmente no se concreto.
Además de este objetivo principal, los internos de la Unidad Penal reclamaron “menos hacinamiento en los pabellones, discriminación positiva para aquellos internos que se vuelquen a actividades religiosas o a actividades educativas en todos sus niveles, facilitándoles las condiciones necesarias para que esas actividades puedan desarrollarse con todas sus potencialidades, remuneraciones por trabajos realizados acorde a la situación económica actual, incremento de las vías de comunicación posibles con familiares y representantes legales en consideración de las restricciones vigentes”, concluyeron. (APFDigital)
