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El gobierno entrerriano decretó la vuelta a clases presenciales para el próximo lunes 26 octubre. La decisión del gobernador Gustavo Bordet y del Presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller ocurre en pleno desmadre y cifras récord de contagios de Covid en Entre Ríos con un sistema de salud pública al borde del colapso.
El decreto está en línea con la política del gobierno Nacional de los Fernández, cuando el ministro Trotta presentó el engañoso “semáforo” de riesgo sanitario para la reapertura de escuelas y así habilitar a las provincias a tomar este tipo de medidas, que ponen en riesgo la salud de los trabajadores docentes, los alumnos y sus familias.
Por otro lado, en todos estos meses de cuarentena, los gobiernos no pusieron un peso en las escuelas que están siendo vaciadas de insumos, sin personal de limpieza, y los edificios escolares no tuvieron ninguna reforma para enfrentar esta vuelta a clase, por lo que se encuentran en las mismas condiciones o peor, que al comenzar el ciclo lectivo en marzo. Así como tampoco nunca se garantizaron las condiciones para el acceso a la virtualidad. El acompañamiento pedagógico, quedó totalmente a cargo de los docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza.
El apresurado regreso a clases presenciales no obedece a objetivos pedagógicos ni epidemiológicos sino que esta improvisación responde a una presión de los capitalistas para avanzar en una “normalización” económica y de circulación del capital, que permita “liberar” a las y los trabajadores de las tareas de cuidado de sus hijas e hijos, terminar con las licencias, bajar los índices de ausentismo laboral y elevar la productividad.
Rechazamos la vuelta a clases presenciales en estas condiciones. Sólo se puede empezar a hablar de regreso paulatino a las aulas, cuando exista nula o casi nula circulación del Covid.
Se deben efectuar todas las obras de infraestructura que hagan a las escuelas seguras para la comunidad educativa. Que se pongan en funcionamiento comités de bioseguridad conformado por sus trabajadores, que organice y controle el protocolo sanitario de cada establecimiento, con poder de veto sobre la presencialidad, si no se cumplen los protocolos.
Por un verdadero impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la usurera, ilegal y fraudulenta deuda externa, para volcar fuertes recursos a la lucha por la salud y la educación. Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores-
Partido Obrero Entre Ríos, 25 de octubre de 2020.-
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