 |
El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical deplora la severa afectación al derecho de propiedad perpetrada en un establecimiento de la localidad de Santa Elena por movimientos afines al gobierno, con la evidente complicidad y apoyo del gobierno nacional y provincial.
Que en nuestro país se llegue a discutir la vigencia del derecho de propiedad resulta escandaloso y alarmante y genera espanto entre quienes aspiran al progreso, sostienen emprendimientos y planean inversiones, y nos habrá de condenar a acelerar la visible decadencia de nuestra ya muy resentida economía.
Reducir estos graves hechos a una disputa familiar, en lugar de ordenar la inmediata reposición del predio y arresto de los usurpadores, como lo ha hecho el gobernador y encumbrados funcionarios provinciales, no es otra cosa que consentir el delito perpetrado ya que, simplemente, el dicho campo es propiedad de una sociedad anónima cuyos representantes han denunciado y se oponen al despojo.
No es nuestro propósito defender a una persona ni a un grupo de personas, sino la vigencia del orden constitucional, severamente amenazado con éstos hechos, y cuyo restablecimiento es competencia y deber inexcusablemente de las autoridades de nuestra Provincia.
