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Serían varios los casos de presos que se registraron para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en todo el país y Concepción del Uruguay no es la excepción.
Según pudo establecer 03442, la Justicia local no hizo lugar al permiso solicitado por internos que pretendían ser llevados a la entidad bancaria para retirar el dinero ya depositado por ANSES, confirmándose que algunos ya lo habían hecho en la primera tanda salida del mismo en el mes de mayo.
Esta postura fue adoptada por jueces de Concepción del Uruguay de del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, doctor Carlos Rossi.
Decreto
Es importante señalar que con la llegada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fueron millones de personas que se inscribieron para recibirlo, en su mayoría gente que verdaderamente necesitaba la ayuda económica, sobre todo desocupados o trabajadores de la economía informal, pero también hubo “avivadas” que también hubo casos en Concepción del Uruguay, llevaron a cobrar a personas que tenían una mejor posición económica familiar o eran estudiantes de facultades privadas, incluso hasta habría hijos de algún comerciante, no solo presos condenados y privados de su libertad.
El IFE se gestiona por Internet donde se colocan datos personales y si una persona se encuentra al margen de todo control o todo cruzamiento de datos por no haber estado registrado en una basa de datos, se puede llegar a cobrar.
“El problema radica en el mal control del Estado, más allá de que estamos ante una herramienta que indudablemente tiene su legitimidad, pero mal usada. En el caso de los presos, tenemos entendido que muchos lo hicieron por intermedio de familiares y hay muchos de ellos que ya lo cobraron y que pretenden ir nuevamente al banco para sacar este nuevo depósito”, señalaron fuentes judiciales a 03442.
Respecto a esto, explicaron que muchos ya tienen el dinero depositado, ya sea en el Banco Nación o en el BERSA y en algunos de estos casos, ya habían sacado virtualmente el turno en la entidad bancaria para realizar el cobro.
Consultados sobre la postura ante esta situación, señalaron que los jueces al recibir estos pedidos y siendo que se trata de personas presas desde mucho tiempo antes a la salida del Decreto en el mes de marzo, les hicieron saber que se estaba ante una irregularidad y que no se les permitiría salir, más allá que no se le denegaría ese beneficio que fuera otorgado por otra autoridad y se comenzaría con las averiguaciones para saber por qué están por cobrarlo.
Fue así que se envió un oficial al ANSES y se corrió vista a la Fiscalía Federal, para ver si se está ante una defraudación al Fisco Nacional y de ser así, abrir una investigación, ante la falsificación de datos para el cobro del beneficio.
Consulta a la Fiscalía Federal
Al consultar 03442 a la Fiscalía Federal, se confirmó la recepción de dos casos de estas características, pero señalaron que para este tipo de situaciones, está encargada de la investigación una Unidad especializada en Delitos contra la Seguridad Social, por lo que las actuaciones recibidas desde la Justicia Provincial, se remitieron a esta Unidad, a cargo del fiscal Gabriel González da Silva, quien realizará ñas diligencias para determinar si se está ante un delito y así actuar en consecuencia.
Cambios
A partir de lo sucedido, el Gobierno introdujo cambios en los requisitos para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Las modificaciones para acceder al bono de 10.000 pesos que paga la ANSES apuntan a fortalecer la llegada de ese beneficio a los sectores más vulnerables, cambios que quedaron formalizados en una resolución del Ministerio de Trabajo, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Es importante destacar que una de las modificaciones del decreto original, está vinculada con el pago del beneficio a los presos: «Aclárase que las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios», precisa la resolución oficial.
