Hay malestar en la Justicia por resolución de Diputados sobre la causa Micaela

La Cámara de Diputados de la provincia tiene en estudio una resolución donde manifiesta su preocupación por la liberación de Néstor Pavón. El proyecto, presentado por la diputada Ayelén Acosta (PRO), considera a Pavón co-autor material de la violación y posterior homicidio de Micaela García, delitos por los que aún no ha sido juzgado ni condenado por la Justicia. La iniciativa causó malestar en los Tribunales por la intromisión del Legislativo en ámbitos del Poder Judicial.

El proyecto presentado por Acosta y acompañado por la diputada Sara Foletto (UCR), sus compañeros de bancada Uriel Brupbacher y Gustavo Cusinato y su pares del PRO Manuel Troncoso y Esteban Vitor, tiene como objeto repudiar la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de disponer la excarcelación con prisión domiciliaria de Néstor Pavón, previo depósito de un millón de pesos.

El artículo único de la iniciativa, consigna que la Cámara de Diputados manifiesta “su preocupación por la liberación de Néstor Pavón, resuelta por la Sala I del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por el criterio argumentado para emitir la decisión que pone en riesgo la efectivización de la pena en su contra como co-autor material de la violación y posterior homicidio de Micaela García, que aún está en etapa de recurso”.

“El criterio expuesto por la mayoría de dicha sala, expuesto en los votos de los Dres. (Daniel) Carubia y (Miguel Ángel) Giorgio, resulta contraria a la posibilidad de la aplicación de la pena de prisión perpetua peticionada oportunamente por la acusación, y que se halla en etapa de recurso”, indica el proyecto en sus fundamentos.

“La decisión nos interpela como sociedad, y pone en evidencia el rol de nuestro sistema judicial y los principios garantistas aplicados a los condenados que imperan en los jueces, en detrimento de los derechos de las víctimas y sus familias, y también de la sociedad toda”, agrega, consignando que la participación de Pavón en el crimen de Micaela, “ya sea como co autor o encubridor, ha sido probada”.

En rigor de verdad, Pavón fue condenado en primera instancia como encubridor, por lo que debía cumplir 5 años de prisión efectiva. Esta sentencia fue apelada, tanto por la acusación que buscaba que se lo juzgue como co-autor con una pena en expectativa de presión perpetua, como por su defensa, por lo que no se encontraba firme.

Sin embargo se lo mantuvo en prisión preventiva durante tres años y cuatro meses por lo que, al cumplir los dos tercios de la pena que se le había impuesto (aún cuando no estaba firme) le asistía el derecho a ser excarcelado.

En los fundamentos de la resolución, Acosta apunta a que “aunque las pruebas ya fueron recolectadas, la investigación, según manifiestan las partes intervinientes en el juicio, fue completada, el riesgo cierto de fuga existe”. “Si Pavón fue sentenciado como encubridor del condenado como autor material de tan aberrante crimen, bien puede él mismo realizar las maniobras de fuga para evitar la concreción de una condena mayor en su contra”, consideran quienes firman el texto.

“La división de poderes impone que el legislador no puede emitir sentencias, no puede recurrirlas, no es cámara de apelaciones, pero sí es el representante de los intereses de la gente, del ciudadano, del entrerriano, y por ello no podemos distraernos ante sentencias o decisiones que tienen repercusión en toda la sociedad”, precisa.

• Malestar

El proyecto de resolución tomó estado parlamentario en la sesión del pasado miércoles 26 y fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.

Al tomar conocimiento del texto, integrantes del Superior Tribunal de Justicia y referentes de la magistratura provincial manifestaron su estupor y desagrado por los términos del proyecto de resolución, que consideran una intromisión del Legislativo en materia de otro poder del Estado.

Según pudo saber esta Agencia, en el alto cuerpo se quejaron por la “irracionalidad” de los fundamentos y recordaron que son los legisladores los que deben sancionar las leyes que la magistratura debe hacer cumplir en los estrados judiciales.

Si el proyecto es aprobado en Comisión, podría llegar al plenario de Diputados en la próxima sesión, prevista para dentro de dos semanas. (APFDigital)