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La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y la Asociación Judicial de Entre Ríos, rechazamos enérgicamente el proyecto de ley de emergencia enviado a la legislatura, desconociendo el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado Provincial y los representantes de Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar.
El proyecto denominado “solidario” impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado.
Somos entidades que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas, pero no podemos tolerar que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales.
Nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual, ni tampoco ha identificado nunca a los responsables de la misma. Así, su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá.
Tampoco la emergencia alcanza el uso discrecional de los fondos para contratos y nombramientos en los demás poderes del Estado, el que se ha ido incrementando exponencialmente año tras año y presupuesto tras presupuesto: la solidaridad no pareciera empezar por casa.
La democracia y la ética de la politica implican diálogo y consensos.
El Gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación.
